Como el gobierno no puede evadir la crisis, provoca el caos y se acerca al precipicio

Por Miguel Angel Santos @miguelsantos12 (Boston).- Está claro. El Simadi, el que venía a resolverlo todos los problemas, el que venía a pulverizar el dólar paralelo, ha muerto antes de nacer. Lo que ha quedado es una devaluación inútil, y una inflación que el mes pasado cerró en dos dígitos. La catástrofe es de una magnitud tal, que bien vale la pena preguntarse si el gobierno quería resolver algún problema, o si no ha sido todo esto engendrado ex profeso.


20Por Miguel Angel Santos @miguelsantos12 (Boston).– Algún periodista extranjero, utilizando una suerte de guía común de preguntas para países en crisis, me preguntó en estos días: ¿Usted cree que con la creación del SIMADI se resuelva el problema? Y claro, habría que preguntarse primero, cuál es el problema. Y en todo caso el problema de quién, es decir, si quien creó el SIMADI está resolviendo su propio problema, o si le ha dedicado algún tiempo a pensar en los problemas de aquellos a quienes dice gobernar.

A poco más de tres semanas de funcionamiento, queda claro que el nuevo mecanismo cambiario no será capaz de resolver ninguno de los problemas de la gente. Y es que no estaba ni tan siquiera diseñado para eso. Para empezar, devaluación no crea dólares sino más bien los raciona, los asigna y distribuye de una manera diferente. Tras años trajinando entre expropiaciones y abandono, está claro que la capacidad de sustituir con producción local cosas que antes importábamos y que ahora se nos han hecho muy caras es nula.

Luego está el tema de la asignación de recursos. A los nuevos precios, los ingresos del gobierno por concepto de exportaciones petroleras (efectivamente producidas, vendidas y cobradas) se encuentra en la vecindad de 30.000-35.000 millones de dólares. Dado que no son muy abundantes (tomando en cuenta que el país en 2014 venía quemando dólares a ritmo de 65.000 millones anuales) había que tomar medidas para que esos pocos dólares se usaran de la manera más eficiente. El problema está en que, al mantener la tasa oficial más baja en 6,30, y comprometerse a asignarle una proporción de las divisas que entran; y mantener otra un poco más arriba (SICAD), y comprometerse a vender allí otra proporción, el gobierno se ha quedado sin dólares para ofertar en ese tercer mercado. El SIMADI, el todo poderoso, el que vendría a resolver los problemas, el que para muchos representaba “el levantamiento efectivo del control de cambio”, el que vendría a pulverizar el mercado paralelo, había muerto inclusive antes de nacer.

El gobierno abrió así un tercer mercado cambiario, sin tener ninguna capacidad de ofertar divisas en él. Para asegurar su fracaso, tomó dos medidas adicionales. En primer lugar, declaró el mercado como de “uso contable”, cosa que acabó con los incentivos de las transnacionales de mantener sus utilidades retenidas a lo largo de diez años en bolívares. Entiéndase, el incentivo es que anteriormente estas compañías podían mantener sus utilidades en bolívares en los balances, infladas al dividirlas por 6,30 u 11, según el caso. A 170 legal, ya nadie tiene incentivos para quedarse en bolívares. En segundo lugar, el gobierno se lanzó en una ola expropiadora, confiscadora, robándose inventarios de empresas y embarcándose en una nueva retórica anti-privada. Ambas medidas han tenido un éxito inmediato, porque apenas tres semanas después ya el SIMADI es un fracaso completo.

Nadie sabe cuántos dólares se compran y venden allí, cómo se calcula el precio de “equilibrio”. Rodolfo Marco Torres sigue poniendo a circular todos los días unas hojitas que dicen qué porcentaje de los dólares liquidados en el día se hicieron a tasa 6,30 (98,5%) y cuáles se hicieron a SIMADI (1,5%). No comprendo la devolución con que algunos reenvían este panfleto en las redes sociales, porque no contiene ninguna información, más allá de constatar que el SIMADI es, en efecto, marginal.

¿Qué problema resuelve el SIMADI? En esencia, ninguno. Podría haber contribuido a resolver parte del problema fiscal, si el gobierno liquidara masivamente dólares al sector privado a esa nueva tasa, hiper-devaluada (ya uno se va quedando sin prefijos, sin adjetivos). No es el caso. Podría haber ayudado a promover una asignación más eficiente de divisas, al instaurar un mecanismo de mercado que efectivamente asigne esos dólares a aquellos que más los valoran, porque se encuentran en actividades a las que a su vez los consumidores le asignan una enorme utilidad. No es el caso. Podría haber reducido el incentivo para sobre-facturar importaciones, el negocio más rentable del lugar. Todo lo contrario. Antes quien deseara hacerse rico de la noche a la mañana debía sortear dos problemas, cómo obtener dólares a la tasa oficial y manufacturar una operación de importación inexistente, y luego cómo venderla en un mercado ilegal pasando desapercibido. Si acaso, SIMADI ha venido a legalizarle una de las dos puntas.

Lo más triste de todo es que no existe ninguna justificación para que un dólar cueste 170 bolívares, ya no digamos 250. Si a precios relativos vamos, de la manera en que usted construya un indicador de paridad del poder de compra entre Venezuela y nuestros socios comerciales, no había forma de que la tasa de equilibrio superara los 40 bolívares. Ahora, el gobierno ha impreso muchísimo dinero para pagar sus gastos, creando un desequilibrio brutal que aún no termina de aparecer en los precios (al menos no como los calcula el Banco Central, no digo publica, porque ya las publicaciones son cada vez más esporádicas). Aún así, toda la cantidad de bolívares disponibles tras esta enorme indigestión de dinero inorgánico se podía intercambiar por las reservas en el Banco Central a no más de 95 bolívares por dólar. En ningún escenario se justificaba una devaluación de esta magnitud.

21Ha sido posible gracias a la incompetencia (o a la competencia, ya se verá) del gobierno, a la creación de un mercado legal de divisas sin ninguna capacidad de ofertar, en un ambiente en donde el gobierno promueve activamente a lo largo del territorio nacional. El resultado ya está a la vista. Los precios empezarán a acelerar su ritmo de manera vertiginosa, hasta el punto en que pagar 170 ó 250 bolívares por un dólar nos parezca una verdadera quimera. Para entonces el paralelo estará mucho más arriba. Ya enero cerró con una inflación de dos dígitos, sea 10% (la que le dijeron a José Guerra), 11% (la que le dijeron a Alejandro Grisanti), o 12% (la que me habían dicho a mí hace dos semanas). En cualquier caso, la inflación al nivel de consumidor en los últimos doce meses vendría a ubicarse cerca de 78%, con el ritmo mensual más reciente siendo equivalente a una proyección anual de 250%. Frente a eso, el aumento de salario de 15% decretado por Maduro.

La catástrofe es de una magnitud tal, que bien vale la pena preguntarse si el gobierno quería resolver algún problema, o si no ha sido todo esto engendrado ex profeso. Tengo que confesar que durante mucho tiempo he considerado esta última posibilidad con alguna sorna, monopolio de los fanáticos de las teorías de la conspiración. El caos ahora, y el que se nos viene es tal, la economía maltrecha hasta un punto que sería difícil de alcanzar de no habérselo propuesto ex profeso, que he empezado a considerar la posibilidad de que así sea. Es decir, que el gobierno, ante la imposibilidad de evadir la crisis derivada de la irresponsabilidad de muchos años, no le haya quedado otra que acelerar ante el precipicio. Promover el caos, poner de rodillas a la población distribuyéndole a cuenta gotas bienes “regulados” cada vez más exiguos, pero bienes al fin, importados a una tasa oficial completamente artificial. Es ese cóctel, la economía en quiebra, la sumisión como único mecanismo de abastecimiento, los líderes de la oposición presos o perseguidos, los estudiantes asesinados con una bala en la cabeza, con videos de esos ajusticiamientos circulando de forma “aleatoria” aquí y allá, el menú con el que la revolución se plantea hacerle frente a la crisis económica y política. Que Dios nos agarre confesados.