Hermann Escarrá al desnudo y en directo con su propuesta de la enmienda

Por Gloria M. Bastidas @gloriabastidas.- El artículo 341, numeral tercero, de la Constitución es claro: toda enmienda debe ser sometida al veredicto popular. Pero el abogado, alevosamente, no lo dijo. Y ese es el quid del asunto. ¿Acaso Maduro ganaría una consulta para clausurar el Parlamento? Maduro no ganaría ni esa ni ninguna otra consulta. Escarrá pretende abolir la soberanía popular con un proyecto de enmienda cocinado en su bufete. La única posibilidad que tiene el Presidente de disolver la Asamblea sin pasar por un referendo está asentada en el artículo 236, numeral 21. Y eso solo cabría si la Asamblea aprobara tres mociones de censura seguidas al vicepresidente ejecutivo


Gloria M. Bastidas

Gloria M. Bastidas

Por Gloria M. Bastidas @gloriabastidas.- No voy a hablar del pañuelito níveo del doctor Hermann Escarrá. Ni voy a decir que su discurso de ayer en Miraflores parecía dirigido a un auditorio de La Sorbona y no a la humilde feligresía chavista que lo escuchaba: siempre tan atildado el jurisconsulto Escarrá. Aunque en él la forma es el fondo —ese pelo engominado, esas camisas acabadas de salir de la tintorería, esas yuntas tan solemnes, esa corbata funeraria, ese traje negro sin pliegues—, yo prefiero ir directo a lo que este caballero ha colocado sobre la mesa: el tema de una eventual enmienda para que el presidente Nicolás Maduro recorte el período de la Asamblea Nacional a 60 días.

Aclaro: no soy abogada. Pero sé leer y escribir. Mi alfabeto es el mismo del doctor Escarrá. No es otro. Así que lo primero que hice después de escuchar su mitin fue revisar la Constitución. Porque hay algo que, sin escrutar los estatutos que nos rigen como sociedad, me sonaba inverosímil. ¿Cómo es eso de que un presidente tiene la facultad, como si fuese el mago Merlín, de hacer desaparecer de un plumazo un parlamento que fue el resultado de una consulta electoral en la que participaron 14 millones 333 mil 588 venezolanos?

Para el doctor Escarrá prácticamente basta con que Nicolás Maduro active desde su despacho del Consejo de Ministros un botoncito que diga “enmienda” y entonces la Asamblea Nacional desaparece de inmediato. Abolido Montesquieu.

Abolido Montesquieu con la aquiescencia de un Tribunal Supremo de Justicia que haría parte de la jugada mágica. Borrada de un plumazo la soberanía popular. La soberanía popular que no es ninguna pendejada. Porque léase bien: lo que está de por medio acá no es un choque de trenes. Es la soberanía popular, cuya expresión material es el voto. No es la opinión del doctor Escarrá lo que cuenta: un jurista oscilante que ayer proponía enjuiciar a Chávez en La Haya y hoy pide la cabeza de nuestros parlamentarios como si estuviésemos en pleno furor de la Revolución Francesa. Como si él fuese la reencarnación de Robespierre.

Eso no es lo que dicta la Constitución, pero es lo que el doctor Escarrá como nuevo apóstol del chavismo pretende vendernos. No es así. Lo que el doctor Escarrá pasa por alto —y lo hace de una manera deliberada, porque desde luego que conoce todos los vericuetos del texto constitucional— es que en el eventual caso de que el Presidente promoviera una enmienda para recortarle el período a la Asamblea, esta iniciativa tendría que ser considerada por el pueblo en un referendo. He allí el quid del asunto. No tiene que pasar por el Parlamento, cierto, pero tiene que pasar forzosamente por el veredicto popular. Por la alcabala del voto. Volvemos: el concepto clave de la soberanía popular.

El artículo 341 de la Constitución, en su numeral primero, señala, efectivamente, que el presidente de la República puede tramitar la enmienda. Hasta allí el doctor Escarrá dijo la verdad. Pero lo que obvia es el numeral tercero de ese artículo de la Carta Magna, que reza: “El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal”.

Hermann Escarrá1

Es decir, que si Maduro decidiera promover una enmienda para recortar el período de la Asamblea Nacional, su propuesta debe ser aprobada por el pueblo en un referendo. Nada más y nada menos: el chavismo, de capa caída en las encuestas, tendría que medirse en las urnas. ¿Con qué rating?

Escarrá lo sabe de sobra: este gobierno, que no es capaz de garantizar los teteros para los bebés del Hospital J. M de Los Ríos, que no es capaz de garantizar medicinas, que no es capaz de garantizar alimentos, que no es capaz de brindar seguridad a los ciudadanos, que nos ha metido en la cápsula asesina de la hiperinflación, que ha dilapidado (y robado) millones de millones de dólares, iría a las urnas electorales como quien va a la guillotina.

Eso lo sabe Escarrá. Por eso, como abogado defensor del chavismo, nos vende una parte de la verdad, pero no toda. Nos vende que el presidente Maduro puede aplicar un Fujimorazo, pero alevosamente se salta la parte medular de la ecuación: que para que pueda aplicar ese cierre técnico de la Asamblea debe contar obligatoriamente con la anuencia del pueblo. Un pueblo que está harto de él. Y que lo raspará en un torneo electoral si se presenta la oportunidad. De allí que tampoco el Gobierno quiera el revocatorio: porque sale aplazado si se expone a un conteo.

Está muy claro que el chavismo no está dispuesto a medirse. Con una excepción: que lo obliguemos con presión popular, como se forzó a Chávez a aceptar el revocatorio, más allá  de que él, astutamente, aplicara tácticas dilatorias e inventara las misiones y se reposicionara en las encuestas. Y como está claro que el Gobierno no quiere correr riesgos electorales, cabe entonces la pregunta: ¿Será que el doctor Escarrá lo que nos está proponiendo como fórmula salvadora para el Gobierno es que se dicte una enmienda que se trague la luz de la Constitución (como quien se pase un semáforo en rojo) y que la propuesta no se someta a consideración del pueblo vía referendo?

Esa también puede ser una hipótesis. Que el doctor Escarrá no nos haya dicho la verdad de lo que reza el texto constitucional, sino su verdad, que es la verdad del Gobierno.

Vale aclararlo: la Constitución sí confiere facultades al presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional sin que sea necesario pasar por la alcabala de un referendo. Pero eso solo puede ocurrir, tal como lo establecen el artículo 236, numeral 21, y el artículo 240, en caso de que el vicepresidente Ejecutivo sea removido en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional como consecuencia de la aprobación, a su vez, de  las respectivas mociones de censura por parte de la Asamblea Nacional.

Este escenario, desde luego, no está planteado: la Asamblea, de mayoría opositora, no aprobará tales mociones de censura al número dos del Gobierno porque eso sería autoflagelarse. Pero, incluso si lo hiciera, la Constitución pauta que 60 días después de disuelto el Parlamento hay que convocar a nuevas elecciones legislativas.

Todo pasa por la consulta a los ciudadanos. Todo. Esa es la gran trampa en la que está imbuido el chavismo. El dedo de Nicolás Maduro no está por encima de los 7 millones 707 mil 422 de votos que obtuvo la MUD el 6 de diciembre pasado.  Esos votos son la expresión estadística de la soberanía popular. Hay que repetirlo una y mil veces. Y para destruir esa épica es que el Gobierno ha traído del Olimpo al atildado doctor Escarrá, quien pretende, con su rebuscada jerga jurídica, darle un barniz constitucional a lo que sólo sería un vulgar fujimorazo. Nos quiere hacer creer que la soberanía popular reside en una enmienda cocinada por él en su bufete y no en el pueblo. Ojalá y el doctor Escarrá fuese tan escrupuloso con el manejo de la Constitución como lo es con su atuendo. El pañuelito blanco es sagrado para él. La Carta Magna, no.