Así fue como la AN declaró la responsabilidad política de un irresponsable en el Poder

Por Danny Leguízamo @DannyLeguizamo.- Fracasado por culpa de la dictadura el diálogo, la Oposición cumplió su palabra empeñada y retomó la agenda parlamentaria. Ayer, fue declarada la responsabilidad política de Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional, invocando artículos como el 222 de la Constitución y sentencias del mismísimo Tribunal Supremo de Justicia, argumentos que la bancada chavista prefirió no escuchar, dejando sin defensa en la cámara al más irresponsable gobernante que en la historia contemporánea haya despachado en el Palacio de Miraflores.


Por Danny Leguízamo @DannyLeguizamo.-  Fracasado el diálogo por culpa de la dictadura, la Oposición cumplió su palabra empeñada y retomó la agenda parlamentaria. Ayer, la sesión de la Asamblea Nacional comenzó con ambiente distendido. Incluso, Henry Ramos Allup (AD) estaba en lo que parecía una relajada conversación con el diputado Pedro Carreño (PSUV). ¿Qué se habrán dicho? ¿Habrá intentado Ramos Allup hacerle entender a Carreño que lo mejor era hacer frente a la sesión? ¿Su instinto de político lo habrá llevado a la infructuosa diligencia  de que no hay peor lucha que la que no se da? ¿O, por el contrario, habrá sido una charla de misceláneos? ¿Por qué la fracción roja sí dio el  debate en el caso de los narco sobrinos? ¿Por qué tampoco lo dio en el caso del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez?Sea como fuere, mientras los diputados iban ocupando sus curules, no había nadie que no supiera lo que iba a suceder más adelante.

Henry Ramos Allup, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Henry Ramos Allup, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Razones tenían los diputados de Voluntad Popular y Vente Venezuela para exhibir con orgullo que “por fin” el Parlamento iba a asumir su responsabilidad, luego de que habían argumentado reiteradamente que había sido inútil el ejercicio político del diálogo.

-Hoy es el día-, señaló una diputada de la tolda anaranjada, que no se caracteriza precisamente por reservar sus emociones.

Luego de juramentar al diputado suplente Gilberto Sojo (VP), quien fuera liberado de las mazmorras del Sebin horas antes, la Asamblea Nacional debatió la responsabilidad política del Presidente de la República, con miras a un futuro procedimiento que establezca el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. La cordialidad inicial estaba rota indefectiblemente. Y llamémosla cordialidad para no entrar en detalles. El Parlamento volvió a lo de siempre: Rechiflas innecesarias de la bancada roja y réplicas de la bancada opositora, algo que algún día tendrá que corregirse por el bien del país, como era en los tiempos del Congreso bicameral. 

Como era de esperarse, la bancada chavista se retiró del hemiciclo dejando sin defensa posible en la cámara a Maduro. Pedro Carreño argumentó que “la Constitución no establece que el Parlamento pueda tener control político”, demostrando solamente tres cosas posibles: Que no se ha leído la Carta Magna; que la lee pero no la entiende; o que simplemente no quiere darse por enterado de lo que allí se señala.

Más tarde, en su descargo, Ramos Allup calificaría estos argumentos de Carreño como “surrealistas y rocambolescos”. Afuera, en los jardines del Palacio Federal Legislativo, el diputado jefe de la fracción del Gobierno, Héctor Rodríguez,se quejaba del debate, calificándolo como una “pantomima”, y un intento de “golpe de Estado” (sic).

De vuelta al hemiciclo de sesiones –más abarrotado que en las últimos debates-, el bloque mayoritario de la MUD hizo gala de todos los argumentos que tenía a la mano para sustentar la solicitud de declaratoria de responsabilidad política. Pocas fueron las ausencias. Por ejemplo, el diputado Américo De Grazia (Causa R), señaló “el daño patrimonial a la República” y “violación de la soberanía” como consecuencia de la creación del Arco Minero. Por su parte, Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela), expresó que Nicolás Maduro “utilizó su poder para evitar el Referendo Revocatorio, en beneficio de sus intereses personales”; mientras que el diputado José Simón Calzadilla (MPV), consignó ante la cámara el proyecto de Acuerdo, argumentando cifras pavorosas de inflación, deuda interna y externa y tipo de cambio. Finalmente, el diputado Enrique Márquez (UNT), planteó que el Gobierno “cerró un camino constitucional al pueblo venezolano, demoliendo el Estado de Derecho”.

Hubo un argumento en común a todos los discursos: La suspensión del Referendo Revocatorio. Ese fue el mecanismo de transmisión. La gota que derramó el vaso y nos trajo hasta aquí.

Finalmente, el debate fue cerrado con la intervención de Henry Ramos Allup (AD), presidente del Parlamento, quien luego de aclarar que no existe “juicio político” sino “declaratoria de responsabilidad política”, quedando en manos de los tribunales y la Contraloría los asuntos civiles, penales y administrativos, dio una cátedra express de derecho constitucional argumentando lo que sigue:

-¿Cómo no va a ser considerado funcionario público quien tiene poderes casi monárquicos? (…) el hecho notorio no necesita ser probado: Que el agua moja, que la candela quema y que el sol alumbra, son hechos que no necesitan ser comprobados. Eso lo sabe hasta el más lerdo de los individuos (…) ese funcionario público, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo a jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, puede ser declarado en responsabilidad política. El 222 (artículo de la Constitución) dice lo siguiente: “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control (…) podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar ante el Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.

Pero tal vez el más demoledor fue el segundo argumento. Demoledor porque citó jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de Justicia, el mismo que utiliza a su antojo el Presidente de la República y que ha elevado a categoría de corte celestial. Señaló Ramos:

Pedro Carreño, Diputado y Coordinador Político del PSUV en el Zulia.

Pedro Carreño, diputado.

-Esta sentencia del 22 de junio del año 2002, con ponencia del magistrado Antonio José García, es mucho más precisa porque desarrolla y explicita el 222 constitucional. Dice así, en la narrativa: “En primer lugar, la responsabilidad política es imputable sólo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional, sólo puede ser declarado responsable en lo político, el Presidente de la República y los ministros como órganos directos que son de aquél. Nadie, aparte de tales personas, pueden incurrir en una responsabilidad de tal naturaleza”.

Más claro no lo podía haber señalado –para desgracia del PSUV-, el magistrado Antonio José García. Cerrado el debate, fue leído por Secretaría el Proyecto de Acuerdo que declara la responsabilidad política del señor Presidente de la República. Fue aprobado por unanimidad y con todos los parlamentarios de pie, quienes no dudaron en aplaudir luego de escucharse la campanita. Sin esperar más, Henry Ramos Allup se apresuró a pedir que le llevaran hasta la mesa directiva el Acuerdo, a fin de ser rubricado.

Posteriormente, Freddy Guevara (VP) declaraba a los medios que el procedimiento debe culminar con la declaratoria de “abandono del cargo” por parte de Nicolás Maduro antes del día 10 de enero.

Lo que le queda al Parlamento es defender el procedimiento iniciado, puesto que mientras más tiempo transcurra, mayores serán las penurias que el pueblo venezolano tendrá que atravesar a merced de un irresponsable que ayer fue declarado responsable de la peor tragedia económica, política y social de la historia republicana de Venezuela.