¿Le funcionará al Gobierno la sentencia del TSJ para conseguir los recursos que necesita para sostenerse?

Por Redacción @konzapata.- Más allá de otras consideraciones políticas o institucionales, las más recientes sentencias del TSJ y otra serie de acciones ejecutadas por el Gobierno intentan constituir un nuevo orden legal en el país que le dé piso a las operaciones financieras que se negocian con urgencia, dada la escasez de ingresos y las fuertes obligaciones de deuda a cumplir en lo inmediato.


Nicolás Maduro, Presidente de la República.

Por Redacción @konzapata.- La jugada es peligrosa y en las primeras de cambio se puede traducir en un aumento del riesgo país y en mayor resistencia internacional, pero el Gobierno pareciera estar apostando a sostenerse en el poder sobre una precaria legalidad que sirva a efectos de buscar dinero entre sus socios y otros aliados.

Las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, con las cuales limitó la inmunidad de los parlamentarios, amplío los poderes del Presidente de la República, liberó al Ejecutivo para que constituyan nuevas empresas mixtas en el sector petrolero, y finalmente asumió las funciones de la Asamblea Nacional, han generado incertidumbre y conmoción dentro del país, a la vez de impactar con fuerza a nivel internacional. Estas medidas, calificadas incluso por mandatarios de otros países como el “golpe de Estado” del chavismo, lucen como una jugada de alto riesgo para el Gobierno en todos los sentidos.

Sin embargo, en materia económica el tema tiene diversas aristas. Una primera lectura de la decisión de desconocer a la Asamblea Nacional apunta a que el riesgo país de Venezuela, que ya es uno de los más elevados del mundo, se disparará aún más y eso acrecentará las restricciones para poder levantar financiamiento. De igual manera se puede pensar que esta situación de ilegalidad en la que entraría a operar el país frenaría cualquier negociación para captar nuevas inversiones o contratar financiamiento externo, ya que nadie arriesgaría su capital en un contexto donde no existen garantías de que esos recursos puedan rendir el beneficio esperado y ser recuperados.

Aunque esta es la lectura sensata a la que llegan algunos constitucionalistas, no pareciera ser ese el espíritu que animó al chavismo a jugarse esta carta. Hermann Escarrá, que ha estado haciendo un lobby internacional muy intenso, sostiene que todo lo decidido por el TSJ está apegado a la Constitución y, por lo tanto, la acción del Poder Judicial resguarda el Estado de derecho.

Bajo esta óptica el país sigue operando dentro de la legalidad y, en consecuencia, el Gobierno podría completar las negociaciones que adelanta para obtener varios miles de millones de dólares y que la AN ha entrabado.

No hay que olvidar que tras la derrota electoral de diciembre de 2015, el Gobierno de manera sistemática ha allanado el camino para neutralizar a la Asamblea Nacional, para lo cual se ha apuntalado en el Tribunal Supremo de Justicia y en otros recursos como el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. La estrategia para robarle poder a la Oposición fue efectiva para deslastrarse de la obligación de rendirle cuentas o pedirle autorización para comprometer patrimonialmente a la nación, pero terminó revirtiéndose en contra del propio Gobierno al volverse una traba para contratar nuevo endeudamiento y atraer inversiones en los volúmenes a los que aspiran las autoridades.

La Asamblea Nacional lleva meses advirtiéndoles a quienes evalúan otorgar financiamiento al país o suscribir contratos con el Estado que para que tales operaciones tengan validez y sean reconocidas, es decir, que generen la obligación de pagarlas o de atender sus términos, es preciso que cumplan con lo establecido en la legislación venezolana, comenzando por los principios fundamentales de la Constitución. En resumen, deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional.

Ramón Lobo, Ministro de Economía y Finanzas.

Esta piedra en el zapato finalmente quedaría fuera con la reciente sentencia 156, de la Sala Constitucional del TSJ, donde se indica que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Es decir, que el TSJ aprobará lo que el Ejecutivo necesite para operar.

Vale destacar que el pasado martes, durante el cierre de la Expo Venezuela Potencia, Nicolás Maduro hizo varios comentarios que están en línea con este cambio en el panorama del país. Allí anunció la firma de un nuevo decreto para incentivar la inversión extranjera e “iniciar una nueva política de inversión extranjera que permita traer capitales, que permita traer inversionistas en todos los campos”.

Incluso llamó a ExxonMobil, con quien el país ha tenido una de las más férreas batallas legales internacionales por la nacionalización de la Faja del Orinoco, a que regrese al país. “Yo le mandé un mensaje al presidente de la ExxonMobil, hasta la ExxonMobil si quiere venir al negocio del petróleo en Venezuela ahí están las leyes”, aseguró.

En ese mismo contexto firmó un decreto autorizando los derechos de explotación minera de la empresa que el Estado constituyó en sociedad con la canadiense Gold Reserve, que lleva un año en negociación y donde una de las limitantes ha sido que la Asamblea Nacional rechazó el Decreto 2.248, del 24 de febrero de 2016, donde se creó el Arco Minero.

Este jueves, mientras el país reaccionaba al golpe del TSJ, Maduro le confería la orden Francisco de Miranda al presidente saliente de la CAF, Luis Enrique García, y allí destacó la importancia de los financiamientos que brinda ese organismo. Actualmente, el Gobierno negocia con la CAF una línea de crédito por 500 millones de dólares que no ha podido concretarse por la resistencia oficial de presentar la solicitud de aprobación a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el vicepresidente de Finanzas, Ramón Lobo, este año entre PDVSA y la República deben pagar unos 17 mil millones de dólares en compromisos de deuda. Los ingresos petroleros no dan margen suficiente para cumplir con esos compromisos sin tener que aplicar un corte abismal en las importaciones, lo que implicaría estrangular la economía y potenciar la escasez.

La prioridad para el Gobierno es buscar recursos para enfrentar la coyuntura y extender un tramo más el puente que lo sostiene en el poder. Entre convenios mineros que ya están avanzados y la venta de acciones estatales en proyectos petroleros, el Gobierno podría hacerse rápidamente de unos 4.500 millones de dólares.