Fiscal y Defensor se enfrentan de nuevo, ahora por el caso de los morochos de Primero Justicia

Por Redacción @konzapata.- Mientras Tarek William Saab asegura haber sido el primero en actuar ante las denuncias de que José y Alejandro Sánchez fueron torturados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en predios judiciales afirman que en realidad fue el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz el que tomó cartas en el asunto.


Luisa Ortega Díaz, Fiscal General.

Por Redacción @konzapata.- “Milagro con escapulario ajeno”. Eso es lo que al parecer estaría haciendo el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en el caso de José y Alejandro Sánchez Ramírez, los dirigentes de Primero Justicia detenidos el pasado jueves y quienes, según la organización opositora, habrían sido torturados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para incriminarse e incriminar a otros miembros de esa agrupación en los destrozos y hechos vandálicos ocurridos en Caracas durante las protestas de los últimos días.

En la noche del sábado el funcionario aseguró que su despacho ha realizado “las actuaciones de rigor para conocer la situación legal y estado de salud” de los morochos y que “para verificar estado de salud de los precitados ciudadanos hemos solicitado la realización de respectiva medicatura forense”.

Sin embargo, en predios judiciales aseguraron que la petición la formuló el fiscal 23 Nacional, Pedro Verdú Ascanio, luego de que el viernes dirigentes de Primero Justicia, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunciaran que la detención de los jóvenes fue arbitraria.

Tarek William Saab, Defensor del Pueblo.

El Tribunal 10 de Control acordó el sábado la solicitud y el domingo los hermanos fueron llevados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para practicarles las pruebas de rigor y determinar si fueron víctimas de algún tipo de maltrato.

Esta no es la primera vez que ambos despachos se disputan la autoría de determinadas iniciativas. Sin embargo, en predios judiciales recordaron que “aunque el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) faculta a la Defensoría a actuar en los tribunales penales cuando considere que se le ha violado algún Derecho Humano a algún ciudadano, en realidad es el Ministerio Público el que normalmente asume esa tarea, por su doble función de investigar los delitos y ser el garante de la legalidad”.