Los dos fantasmas que atormentan a Nicolás Maduro

Por Danny Leguízamo @DannyLeguizamo.- Desde la azotea de un edificio gubernamental, un sujeto esgrime un arma de alto calibre para amedrentar a opositores que se encuentran en la calle manifestando; mientras, un contingente de policías se alista para arrojar centenares de bombas de gas tóxico a la multitud. Dos fantasmas atormentan a Nicolás Maduro: Uno, el del 11 de abril. ¿Cuál es el otro?


Nicolás Maduro, Presidente de la República y Cilia Flores, primera dama.

Por Danny Leguízamo @DannyLeguizamo.- En Venezuela ya no hay elecciones ni respeto alguno a la autonomía de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, controlado por la Oposición). El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para reducir a su mínima expresión el radio de acción de los diputados despojándolos, incluso, del fuero parlamentario, y asumiendo el Supremo las funciones de la Asamblea Nacional. Estas dos últimas acciones -contenidas en las sentencias 155 y 156 de la súper poderosa Sala Constitucional- fueron calificadas dentro y fuera de Venezuela como un “autogolpe de Estado”, al punto que la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz ha calificado el hecho como una “ruptura del hilo constitucional”.

La Oposición, que controla dos tercios de los 165 escaños del Parlamento, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó a la rebeldía cívica y pacífica de la ciudadanía, exigiendo cronograma para efectuar elecciones regionales (para escoger gobernadores, vencidas desde hace 4 meses); elecciones locales (para escoger alcaldes, por vencerse en diciembre de este año); respeto a la autonomía del Parlamento (se han producido un total de 48 sentencias en contra de la Asamblea Nacional por parte del Supremo), y libertad para los presos políticos. Desde el Gobierno se han negado sistemáticamente a las tres peticiones, aunque de manera repentina, Nicolás Maduro -tras varios días de protestas- se ha referido por primera vez a la posibilidad de un proceso eleccionario, aunque no habló de fechas.

Son precisamente las protestas convocadas por la MUD el foco de atención desde hace algunos días. En el Gobierno insisten en que la Oposición “no puede” protestar en el centro de Caracas -asiento de los poderes públicos-, y la Oposición insiste en lo contrario: En ejercer su derecho a caminar pacíficamente desde un punto de la ciudad capital -generalmente el Este, gobernado por la MUD- hacia algún organismo público, como la Contraloría General de la República o la Defensoría del Pueblo.

En el alto Gobierno temen que se produzca un episodio parecido al del 11 de abril de 2002, cuando una gigantesca marcha de centenares de miles de opositores se desvió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo. El episodio terminó con una veintena de muertos, y la salida del Poder por 48 horas del entonces jefe de Estado, Hugo Chávez. Ese es el fantasma que todavía asusta a sus herederos políticos, obligándolos a confinar a la Oposición al este de la ciudad capital.

Es justo el hecho de querer manifestar hacia el centro de Caracas lo que ha desatado, literalmente, una batalla campal no solamente en la capital, sino en prácticamente todos los estados de Venezuela, pues la sociedad civil se ha movilizado de manera masiva.

Pero las armas están en poder del Gobierno. Nicolás Maduro dispone de la Policía Nacional Bolivariana (PNB, civil); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, militar); policías estadales (civiles), y grupos parapoliciales (denominados “colectivos”). Estos últimos son activistas gubernamentales que han sido dotados de armas al margen de la Ley. Actúan como “refuerzo” de los órganos policiales y militares, aunque desde las esferas del Poder lo niegan categóricamente. Por su parte, la Oposición cuenta con un elevado poder de convocatoria, logrando colmar las avenidas más grandes de Caracas en reiteradas oportunidades.

Es todo el poder de las armas -o casi todo, para ser precisos- el que se ha visto en Venezuela en los últimos días, tras las protestas convocadas por la MUD. En Caracas, el primer día lograron movilizarse en los alrededores de Plaza Venezuela y fueron dispersados con gas pimienta. El segundo día convocaron una gigantesca manifestación que se movilizó varios kilómetros hasta llegar a la frontera que separa el este del oeste, y fueron reprimidos con un arsenal de gases lacrimógenos. Y el tercer día, fue tal el nivel de asistencia ciudadana, que los organismos policiales estuvieron muy cerca de ser rebasados por una multitud que colmó varias avenidas, aunque la brutal represión acabó con todo vestigio de protesta luego de tres horas de batalla campal de armados contra desarmados, que ha dejado como saldo, incluso, diputados heridos con severas contusiones en la cabeza a manos de colectivos parapoliciales, como Juan Requesens, del partido Primero Justicia, además de resultar incendiado el comando del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial y también dirigente de Primero Justicia.

Los manifestantes, que tradicionalmente buscan refugio en la sede del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), son perseguidos y acorralados en motos hasta la casa de esta organización política, cuyo secretario general nacional, el diputado y también precandidato presidencial, Henry Ramos Allup, denunció recientemente un intento de asalto al edificio por parte de grupos armados.

En el interior del país han ocurrido similares episodios, con centenares de heridos y manifestantes presos, muchos de ellos estudiantes.

Pero la violencia ejercida desde el Poder contra la Oposición se está tornando más peligrosa de lo normal. Y es que el lunes, la marcha convocada por la MUD no logró desplazarse más de una cuadra. Al primer intento de movilización, fueron reprimidos por una espesa nube de gas lacrimógeno que los obligó a dispersarse más rápidamente de lo normal: 

-Este gas está demasiado fuerte- se lamentaban, entre lágrimas, activistas políticos.

Más tarde, el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, dirigente del opositor partido Voluntad Popular (socialdemócrata), denunciaba en redes sociales que los gases utilizados por los organismos de seguridad tenían, por lo menos, un año de estar vencidos.

Sin embargo, un elemento fue incorporado el lunes: Mientras la marcha trataba de movilizarse a la altura de la urbanización El Rosal, un manifestante avisó del peligro:

-¡Cuidado! ¡Hay francotiradores!

Y es que al menos dos activistas gubernamentales fueron vistos en la azotea del edificio sede del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, apuntando a la multitud con armas de alto calibre, mientras un helicóptero arrojaba gases lacrimógenos, lo cual provocó el pánico en los marchistas, además de un herido con fractura de cráneo. También resultó afectado un neonato debido a los gases lacrimógenos, que alcanzaron la sede de una reconocida clínica de la zona:

-Dispararon gases hasta acá porque vieron que estábamos atendiendo a heridos-, declaró un médico residente testigo de los hechos a los medios de comunicación.

Ese mismo día, la diputada Delsa Solórzano, del socialdemócrata Un Nuevo Tiempo, recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Y un estudiante de la Universidad Arturo Michelena (UAM), en Valencia, estado Carabobo, de nombre Daniel Queliz (19), falleció producto de una bala de perdigón en el tobillo y otra en el cuello. Es el segundo fallecido. El primero, Jairo Ortiz, cayó en el estado Miranda, con un impacto de bala en la espalda.

Violencia desmedida. Impedimentos para manifestar. Creciente censura a los medios de comunicación. Muertos. Heridos. Presos. Un helicóptero que arroja gases lacrimógenos. Colectivos parapoliciales al margen de la Ley que actúan con total impunidad. Y un presidente, Nicolás Maduro, atormentado en el fondo por un fantasma mucho más grande que el de aquel 11 de abril: Las elecciones, pesadilla de cualquier dictadura.