¿Por qué Luisa  Ortega Díaz dijo lo que dijo?

Por Redacción @KonZapata.- La Fiscal General de la República tiene meses marcando distancia de algunas actuaciones delgobierno de Nicolás Maduro, pero no porque se haya vuelto opositora sino porque le preocupan las consecuencias que las mismas puedan acarrearle a ella a futuro.


Por Redacción @KonZapata.- “Considero un deber histórico ineludible no solo como Fiscal, sino como ciudadana, referirme a las decisiones 155 y 156 del Tribunal Supremo. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional. Hay un  desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución. Constituye una ruptura del orden constitucional y es necesario manifestar mi alta preocupación por tal evento, sobre todo considerando que todos los venezolanos, a través de la Constituyente, logramos el contrato social que es la Constitución”. Estas palabras de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dejaron, el viernes, a más de uno boquiabierto tanto en el Gobierno como la oposición.

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General.

¿Por qué la jefa del Ministerio Público dijo lo que dijo? ¿Se volvió opositora de la noche a la mañana y olvidó que en una ocasión reprendió públicamente a un periodista por supuestamente “irrespetar la memoria del fallecido Hugo Chávez” al hacerle una pregunta en una rueda de prensa? Fuentes cercanas a la funcionaria aseguraron que se pronunció porque “el paso dado por los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ era demasiado peligroso”. 

¿Pero peligroso para quién? Visto el accionar en los últimos 15 meses de Ortega Díaz era peligroso no solo para el país, sino para ella en lo particular. 

“La Fiscal no está dispuesta a asumir algunos abusos y arbitrariedades muy evidentes de este Gobierno, las cuales incluso podrían conllevar a responsabilidades penales imprescriptibles”, aseguró un colaborador cercano a ella, quien pidió el anonimato. 

El temor a correr la suerte de la exfiscal Katherine Harrington, ahora viceministra del Interior; quien fue sancionada en 2015 por el gobierno de los Estados Unidos por violar los Derechos Humanos por la manera en que actuó en los casos del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y de la exdiputada María Corina Machado; e incluso de tener que responder en un tribunal internacional han pesado en el desmarque de Ortega Díaz, el cual se viene produciendo casi desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. 

Ortega Díaz fue la primera funcionaria del Consejo Moral Republicano en presentar el año pasado el informe de gestión ante la AN opositora y lo hizo a petición suya. Asimismo no ha refrendado ninguna de las declaraciones de ese organismo contra el Parlamento y hasta ahora no ha atendido las peticiones que desde el chavismo, el TSJ y el Gobierno le han hecho para procesar por “traición a la patria” a los legisladores que han respaldado la activación de la Carta Democrática. 

Pero no solo en el orden político hay un desmarque, también en el penal y de Derechos Humanos. El Ministerio Público no imputó ni acusó al comisario Coromoto Rodríguez, jefe de escoltas del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, tal como lo quería el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para responsabilizarlo de los hechos de violencia ocurridos luego de una marcha en Caracas. Incluso calificó de “arbitraria” esa aprehensión. 

Sin embargo, donde es más evidente su separación con el Gobierno es en el caso de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), pues ella ha sido la única en criticar abiertamente esta iniciativa, la cual hasta octubre habría dejado 426 muertos, según cifras de su despacho. 

“Si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables, contra los más indefensos, porque estaríamos en una situación muy grave como sería criminalizar a los más pobres y además eso propicia más la violencia. Estas operaciones ejecutadas en esta forma no ayudan a la paz, no contribuyen ni fortalecen la tolerancia, por el contrario, exacerban la violencia”, declaró a raíz de la masacre de 13 campesinos a manos de soldados del Ejército en Barlovento, ocurrida a finales de noviembre. 

Ni en el Gobierno ni en el chavismo la posición de Ortega Díaz ha pasado desapercibida y prueba de ello es que en diciembre el contralor Manuel Galindo y el defensor Tareck William Saab se aliaron para impedirle ocupar la presidencia del Consejo Moral, tal y como le correspondía según la rotación que se venía produciendo desde que ese organismo se creó en el año 2000.