¿Y quién quiere ser socio de un Estado mafioso?

Por Oscar Medina @oscarmedina1.- Con Maduro se acabaron las reverencias a Venezuela en el contexto global y especialmente en el regional. Las alianzas van cambiando y cada vez suenan más fuertes los llamados a respetar las formas democráticas y los derechos humanos. Las revelaciones sobre los nexos con redes criminales pesan. Y generan efectos en el plano internacional y también puertas adentro.


Walid Makled, empresario.

Por Oscar Medina @oscarmedina1.- Hace algunos años se escribía sobre el tema con intenciones de advertir, de revelar el fenómeno o –en todo caso- de conceptualizarlo. En 2012, por ejemplo, Moisés Naím explicaba: “No son solo países donde impera la corrupción o donde el crimen organizado controla importantes actividades económicas y hasta regiones completas. Se trata de países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de gobernantes”.

Eso escribió para el diario El País refiriéndose a los Estados mafiosos: “Países en los que los conceptos tradicionales de ‘corrupción’, ‘crimen organizado’ o de entes gubernamentales ‘penetrados’ por grupos criminales no captan el fenómeno en toda su complejidad, magnitud e importancia.

En los Estados mafiosos, no son los criminales quienes han capturado al Estado a través del soborno y la extorsión de funcionarios, sino el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales. Y no para erradicarlas, sino para ponerlas a su servicio y, más concretamente, al servicio de los intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios”. En ese texto Naím ubicó a Venezuela como ejemplo junto a Bulgaria, Guinea-Bissau, Montenegro, Myanmar, Ucrania, Corea del Norte y Afganistán.

Y expuso razones: “En Venezuela, el exmagistrado del Tribunal Supremo Eladio Aponte ha ofrecido amplias evidencias que confirmarían que altos funcionarios del Estado venezolano son los principales jefes de importantes bandas criminales transnacionales. Ya en 2008, Estados Unidos acusó al general Henry Rangel Silva de ‘ayudar materialmente al tráfico de narcóticos’. A comienzos de ese año, el presidente Hugo Chávez lo nombró ministro de Defensa. En 2010, otro venezolano, Walid Makled, acusado por varios gobiernos de ser el jefe de uno de los más grandes carteles de la droga, dijo al ser capturado que tenía documentos, vídeos y grabaciones que involucran a 15 generales venezolanos, al hermano del ministro del Interior y a cinco miembros de la Asamblea”.

En noviembre de 2015 el Observatorio de Delito Organizado en Venezuela se preguntaba, a propósito del caso de los sobrinos de la pareja presidencial juzgados por narcotráfico en Estados Unidos, si había suficientes elementos como para considerar que tenemos un estado mafioso. Sin decirlo del todo, una nota de la organización civil dejaba la conclusión puesta en la mesa: una nación identificada como clave en el tráfico de drogas, un reducido grupo de poder político con ramificaciones familiares y el aumento de vuelos cargados de sustancias ilícitas vinculados al país.

Un año más tarde la misma organización de analistas luego de la decisión del jurado contra los llamados “narcosobrinos” lo planteó de forma más directa: “el veredicto del pasado viernes 18 de noviembre, más allá de ser un incidente con la justicia norteamericana, es la confirmación de una práctica delictiva que el gobierno venezolano ha adoptado desde hace más de una década, exponiendo a la sociedad venezolana a los graves peligros que conllevan la relación con grupos de delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros”. En un texto colgado en su web -21 de noviembre- citan a la experta Mildred Camero: “En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”.

Moisés Naím, escritor.

A principios de abril el director de la ONG Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, Luis Cedeño, lo advirtió sin titubeos durante una reunión técnica que analizaba la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: “Hay algunos indicadores que demuestran que la sociedad venezolana ha sido corrompida y golpeada en su moral y ética por un Gobierno que actúa como un Estado mafioso, generando diferentes modelos de negocios ilegales dentro del propio Estado. Estamos en presencia de una cleptocracia, un Estado corrupto y mafioso”.

Ya a estas alturas, el listado de uniformados y funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro que se supone están bajo investigación de las autoridades estadounidenses es largo y enrevesado. Y el caso del vicepresidente venezolano es emblemático.

La de Estado mafioso es quizás una etiqueta que en ocasiones se utiliza un tanto a la ligera pero que en realidad debe ser tomada muy en serio. En especial cuando tus propios vecinos de continente comienzan a verte como un Estado mafioso y a sentirse afectados. Y más todavía cuando la justicia de Estados Unidos –y hasta la europea- te ponen bajo la lupa.

Es posible que María Corina Machado sea la dirigente política que mayor énfasis hace en este sentido. La fundadora de Vente Venezuela –desde principios de año- ha calificado de mafioso al Estado presidido por Maduro en unas cuantas ocasiones y en unas cuantas entrevistas. Pero en declaraciones para la revista chilena Capital -12 de abril- detalló cómo esto ha sido determinante en el momento actual por el que atraviesa el gobierno chavista de cara a organismos como la Organización de Estados Americanos, el Mercosur y hasta la Unasur.

“Hemos dicho que enfrentamos a un régimen que no es una dictadura convencional, estamos hablando de un Estado mafioso donde se ha develado la oscuridad y profundidad de los vínculos del régimen con las peores redes de crimen internacional, de narcotráfico, lavado de dólares, e incluso posibles vínculos con el terrorismo islámico”, señaló Machado a la revista Capital: “Eso exige que se apliquen en conjunto una serie de fuerzas endógenas y exógenas, pero básicamente son tres: la presión internacional, la ofensiva institucional y la movilización ciudadana”.

En su análisis, la bandera de la presión internacional la sostiene el secretario general de la OEA, Luis Almagro; mientras que la ofensiva institucional interna debe ser a través de una Asamblea Nacional fortalecida con el apoyo de la gente y la movilización ciudadana que ya ha dado muestras de la energía que hoy convoca.

Según ella, el cambio en la percepción y en los apoyos que hasta hace muy poco tenía la revolución chavista en el continente se explica no solo por los giros de signo ideológico en gobiernos como los de Argentina y Brasil, sino en cierto grado de convencimiento –más allá de la lentitud de la diplomacia- de que el de Venezuela es, en efecto, un Estado criminal, un Estado mafioso.

Sumemos a eso que estamos hablando de un gobierno que cada día profundiza la crisis económica y social y que no dispone ya de la abundancia de dólares que le permitió comprar lealtades. Y esto es lo que resulta: Venezuela es ahora un vecino incómodo, empobrecido, molesto, asociado a redes criminales y violador de los derechos humanos. ¿Y quién quiere tener a un vecino así? ¿Quién quiere tener a un socio tan desprestigiado y que represente tanto riesgo?

Otro elemento interesante en la tesis de Machado es lo que podría estar ocurriendo puertas adentro del chavismo: las ganas o la necesidad de desmarcarse.

“Las informaciones que se han hecho públicas sobre los vínculos de individuos de altísimo poder en el gobierno -civiles y militares- con el crimen organizado, han tenido efecto”, explica Machado en la entrevista:  “Y eso va generando profundas tensiones internas entre los miembros del régimen –dentro del sistema de justicia y en el militar- que dicen: ‘un momento, yo he cometido abusos, actos de corrupción, pero no soy terrorista, no soy narcotraficante’. Ese proceso está acelerándose y originando delaciones, deserciones, para llegar finalmente al extremo de la declaración de la Fiscal General de la República sobre las decisiones antidemocráticas tomadas por el Tribunal Supremo. No es un impasse entre poderes. Todos sabemos lo que estápasando allí adentro”.

Visto así, el gobierno de Maduro es como una nuez sometida a una doble presión. ¿Sonará el crac?