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Colombianos en Venezuela: de la cedulación masiva a la deportación colectiva

martes 24 de marzo de 2015, 10:05h
Por Javier Conde @jconde64 (Bogotá).- En los primeros 70 días de este año, más de un millar de colombianos han sido colocados en la frontera en el ejercicio de una política de hecho que desconoce los más elementales principios de los derechos humanos. A este ritmo, se van a triplicar las cifras de 2014.
28Por Javier Conde @jconde64 (Bogotá).- A Luis Alberto Jaramillo lo agarraron mientras hacía cola para comprar comida en una zona próxima a Caracas. De sus 40 años, 38 los ha vivido en Venezuela. Aunque mostró su cédula de residente lo calificaron como indocumentado y lo montaron junto con otros en un autobús: los dejaron en la frontera de San Antonio -en Táchira- con Cúcuta, en el departamento Norte de Santander.

Al llegar, los papeles se habían perdido. En el trayecto también les habían quitado a todos, o a casi todos, el dinero que cargaban encima.

La “revolución” que se llenó la boca denunciando la corrupción, garantizando el reino de los derechos humanos, prometiendo solidaridad con los más necesitados y abogando por el reconocimiento del conflicto colombiano, ahora procede sin fórmula alguna, sin que medie un acta, sin que se haga una entrega formal a los autoridades del vecino país, contra personas que han echado raíces en Venezuela o que huyeron de guerrillas, paramilitares o bandas criminales.

Jaramillo, que tiene esposa y “crió dos hijos” en Venezuela, fue cedulado en 2004, el año del referéndum, como tantos otros de sus paisanos en un proceso que fue en su momento muy criticado. El documento se le venció hace seis meses.

“Cuando iba al Saime me decían que no había papeles para colombianos, para portugueses sí. Todo fue un chantaje para llegar a esto”, dice.

Los deportados son llevados a las zonas fronterizas del Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Los dejan en la calle, usualmente de noche, una buena parte no pudo ni hablar con su familia –como le ocurrió a Jaramillo-, no tienen dinero y, muchos, ni siquiera un allegado o conocido a quien llamar.

El año pasado la cifra de deportados y expulsados fue un poco menos de 2.000. Este año, hasta los primeros diez días de marzo, la cuenta de la Cancillería colombiana va por 1.070.

Una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo de Colombia indica que en la frontera con el departamento de Arauca se reportaron dos grandes deportaciones masivas: la primera de ellas entre el 3 y 4 de marzo con 111 ciudadanos y la segunda entre el 5 y 6 de marzo con un total de 114. Por el Norte de Santander habían recibido, para la fecha, a más de 500.

En vista de esta situación, Colombia declaró a principios de este mes en estado de alerta a las Defensorías del Pueblo de las ciudades fronterizas, para hacer el acompañamiento humanitario de quienes llegan de improviso, 200 o 300 de una sola vez. Acnur ha verificado la situación en las fronteras y ha reconocido la buena voluntad de las autoridades colombianas y, al mismo tiempo, la insuficiente capacidad de los albergues.

La ayuda humanitaria consiste en hospedaje, alimentación, atención médica y entrega de medicamentos cuando se requiere, kit de aseo, transporte a sus ciudades de origen y auxilio de alimentación para el viaje. Además se les brinda ofertas de servicios y entidades competentes para aquellos que necesitan reubicarse laboralmente, así como información de los trámites que deben llevar a cabo para acceder a los diferentes servicios que ofrece el Estado colombiano.

Jaramillo reconoce la gran ayuda recibida en Colombia pero su problema es cómo volver a Venezuela, donde está su familia, donde tiene una tierrita. Hombre precavido, en su casa tenía copia de todos los documentos que la Guardia Nacional le confiscó y, como ya entró en contacto con su familia, recibió réplicas de esos documentos.

“Aquí me han tomado las huellas para ver si estoy registrado en el país. Y tengo que mandar unas fotos, pero no he tenido real para sacármelas”, cuenta.

Jaramillo, sin embargo, no es de los casos más graves. Acnur ha encontrado que entre los deportados se hallan colombianos que huyeron de la violencia y cuya vida peligra al regresar a su país. Este organismo internacional estimó en 2007 que en Venezuela había más de 200.000 colombianos que pudieran calificar como refugiados, aunque solo unos 5.000 tienen esa condición.

El conflicto colombiano, que comenzó hace más de medio siglo, ha causado, de acuerdo a cifras oficiales, más de 200.000 mil muertes y unos 5 millones de desplazados.

Ese conflicto, en su vertiente de enfrentamiento militar entre guerrillas y Gobierno, es el que el presidente Hugo Chávez abogaba por su reconocimiento y por una negociación política. De hecho, Venezuela es acompañante de los diálogos de paz que comenzaron en noviembre de 2012 en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Nada de esto se corresponde con las deportaciones colectivas que Acnur señala como violatorias de los derechos humanos y que nadie logra explicarse.

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