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Roberto Enríquez: “Yo quisiera ver a Diego Salazar trayendo los 4 mil millones de dólares que dicen que se llevó” (I)

viernes 10 de abril de 2015, 16:30h
Por Alicia Hernández @por_puesto.- El presidente de Copei promovió junto a su partido una iniciativa de ley para devolver todo el dinero venezolano a las arcas del país. Una vía “amigable” promete una suerte de amnistía para quienes no cometieran delitos de lesa humanidad a la hora de saquear el país. La otra vía, la penal, también se contempla en una segunda fase. “Hay que repatriar el dinero de la corrupción para hacer justicia social”, señala. El dinero está bajo vigilancia.
73Por Alicia Hernández @por_puesto.- Roberto Enríquez es un político joven  y su formación empezó también en la juventud, en el movimiento universitario. Desde hace unos años es el presidente del partido social-cristiano Copei, con 69 años de historia, y uno de los firmantes del pacto de Punto Fijo durante la Cuarta República. Actualmente, Copei es un partido minoritario, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática.

Hace unas semanas, la tolda de Enríquez presentó una iniciativa de ley para, al estilo de Rusia y China, devolver el dinero venezolano que “se ha saqueado” en los últimos años. Plantea esta iniciativa que primero se disuada a los dueños de cuentas bancarias cuantiosas a traer de vuelta el dinero de un modo “amigable” en el caso de que ese dinero se haya obtenido sin cometer delitos de lesa humanidad. En caso de no querer traer el dinero, se procedería a una investigación y demanda por la vía penal.

-Copei ha llevado a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para traer el dinero venezolano que hay en el exterior. ¿De dónde viene esta iniciativa y por qué ahora?

-Eso viene a partir de que se encienden las alarmas tras una visita al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos internacionales. Ellos manejan la información de que hay 450 mil millones de dólares de venezolanos en el extranjero de los cuales cerca de 350 mil millones  no tienen un origen de fondo claro. En la comunidad internacional, a partir del atentado a las Torres Gemelas, todos los movimientos bancarios erráticos ya generan una alarma. El candado del secreto bancario se ha ido desmontado con la legislación contra el financiamiento al terrorismo, narcotráfico y corrupción. Además, existen precedentes, mecanismo que se usaron en la Europa de la posguerra cuando fue saqueada. Se está usando ahora en Rusia y en China, han logrado repatriar miles de dólares. Nosotros, inspirados en ese modelo, hemos concebido una lucha por la justicia social que significa lograr la repatriación de aquellos fondos que han sido saqueados al país. Hablamos del saqueo más salvaje que ha sufrido país alguno tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy existen las condiciones internacionales para recuperar ese dinero.

-¿ Qué  hacer para recuperar ese dinero.?

-Se necesita que el Estado afectado eleve o por la vía diplomática o por la vía judicial una rogatoria a todos los Estados del mundo para que den la información de quiénes son las personas con cuentas sospechosas. Si esa persona no logra explicar cómo obtuvo ese dinero, ese dinero puede ser repatriado al país. De lo contrario, nos exponemos a que sea confiscado en los países donde se deposita. El daño es doble.

-¿Qué pasaría con esa gente?. Porque se podría decir que es una amnistía para los corruptos.

-Sí. Cuando son casos donde no hay violación a delitos de lesa humanidad, que no tienen que ver ni con narcotráfico ni con el sistema de salud, la amnistía en realidad… Más que amnistía hablamos de un trato persuasivo. Si la persona obtiene el dinero de corrupción o no, debe distinguirse, obviamente debe haber un proceso. En la ley se contemplan dos vías. La primera recupera la justicia social y consiste en recuperar el dinero lo más pronto posible y de la manera menos costosa posible. En esa vía, las personas inviertan el dinero en Venezuela, no lo pierden y no se les abre proceso penal. Hablamos de que por lo menos la mitad de ese dinero la inviertan en el país.

-¿No se cuestionaría entonces de dónde lo sacaron? Por ejemplo, si Diego Salazar, uno de los implicados en el caso Andorra, que tuvo jugosos contratos con PDVSA, trae el dinero de vuelta a Venezuela, ¿todo perdonado?

-Yo quisiera ver a Diego Salazar trayendo los 4 mil millones de dólares que dicen que se llevó. Pero yo no estoy personalizando. Le hacemos un flaco servicio al país si yo convierto esto en una bandera de sicariato político y moral. Para mí ahora prima el interés social de las grandes mayorías, de una sociedad empobrecida.  Si se regresa el 10% de ese dinero, se  logra cerrar la brecha fiscal que tiene hoy Venezuela. Nada más el SIMADI bajaría a 70 u 80 bolívares. Repatriando la mitad, todos nuestros economistas coinciden en que el tipo de cambio quedaría en 10, 15 bolívares. Se lograría resolver el problema de inflación, el problema de desabastecimiento, se reactiva el aparato productivo… Justicia social. El que se niegue a hacerlo así va por la vía contenciosa, que es el otro mecanismo que contempla la ley. Se judicializa, se va a una demanda que dura un tiempo y si no se logra demostrar en el juicio de dónde se sacó ese dinero, se repatría. Eso no quiere decir que hay una patente de corso para ser corrupto. El que está metido en un delito de de narcotráfico o cualquier otro delito que viole derechos humanos, de ningún modo está beneficiado. A los que obtuvieron beneficios con especulación cambiaria, donde está el grueso, si deciden invertir el dinero en Venezuela, pues sí hay un trato amigable porque para nosotros prima la justicia social.

-Hay muchos jóvenes de menos de 26 años con más de 150 mil millones de dólares en cuentas extranjeras. Podría decirse que es raro que gente tan joven amase una fortuna tan pronto. SI ese enriquecimiento es fruto de la corrupción y ellos deciden traer de vuelta el dinero, ¿se les daría trato amigable y ya?

-Depende de lo que veas como prioridad. Uno es la justicia penal o la justicia social. Es un debate ético muy importante. Venezuela ha sido víctima de un saqueo que ha empobrecido a la sociedad. Yo no sé si esos muchachos son testaferros o que son, pero no es normal que con 26 años  tengan ese dinero si no son herederos. Además, no tiene negocio conocido que tengan esas cuentas. Pero si el Estado logra que ese dinero regrese a Venezuela, el impacto social es mayor y más ejemplarizante que irme por la otra vía, la penal, que también la puedo usar con quien se niega. Para nosotros la prioridad es justicia social. He recibido muchas observaciones sobre el tema. Es válido. Se hizo en la Europa de la posguerra. A los nazis vinculados al partido que no habían cometido delitos de lesa humanidad le fueron condonadas sus penas cuando devolvieron obras de arte, los lingotes de oro… En China y Rusia hay acuerdos similares. No lo estamos inventando nosotros. En Copei lo vemos válido porque hay que atender a la crisis de los excluidos y parte de la crisis social que tenemos es producto de un saqueo que equivale al doble del presupuesto que presentó Nicolás Maduro para este año, que equivale a lo que el país ha recibido en los últimos 16 años. Estamos hablando de que el drama social es tan grande que hay que priorizar. No descartamos la sanción. Se da la opción de invertir ese dinero en el país o de ir a juicio. Estamos corriendo un riesgo. Si no se le da urgencia legislativa a ese proyecto de ley podemos encontrarnos que esos países donde está el dinero empiecen a confiscarlo al ver que no hay origen de fondo.

-Por un lado, qué lección se le da alguien que se le dice, “no importa que hicieras algo mal, no importa que saqueaste, trae el dinero y se te perdonará”. Y por otro, ¿cuál es el atractivo que se le dará a esa gente para que traiga ese dinero aquí, además de no meterlos en un juicio?, cuando, además, se sabe que para ciertas cosas la justicia es lenta en Venezuela.

-No perder el dinero. Ese es el beneficio.

-Ya lo tienen.

-No necesariamente. Hoy en día, todo el dinero, sobre todo el de venezolanos, está bajo estrecha vigilancia. Tú bien lo has dicho, ya lo tienen. ¿Para qué es la ley? Para buscarlo. Por eso es el proyecto de ley, para las dos vías, la amigable y la coercitiva. Cuando tienes la ley colocas al depositario de esa plata bajo el dilema de decidir. Devuelvo el dinero a Venezuela y sigo teniendo ese dinero o me arriesgo a que Venezuela me siga judicialmente. O que el Estado beneficiario se quede ese dinero. Ahora mismo están en paz porque Venezuela no ha elevado una rogatoria a todos los países del mundo. Solo a Andorra y ahí no hay ni el 1%. Queremos que pase eso para perseguir ese dinero. ¿Por qué el trato amigable?, porque queremos que el dinero regrese rápido, porque tenemos una crisis fiscal enorme que se traduce en padecimientos terribles que cada día se agravan más. Estamos procurando darle prioridad a la justicia social. No es que convalides la corrupción, la persigues, solo que no la persigues penalmente, pero sí civil y administrativamente.

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