Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).El encaje legal es una porción del total de los depósitos de cada banco que debe ser consignada en el BCV como una reserva obligatoria. Además de servir de respaldo financiero, el encaje legal es un instrumento de política monetaria, que permite jugar con los recursos en manos de la banca que eventualmente podrán canalizarse a la economía a través del crédito.
Esta decisión de Maduro, que obviamente será aprobada por el Directorio del BCV, moverá una cantidad importante de dinero hacia una economía paralizada, que sufre los rigores de un gasto público interno contraído en términos reales y de un crédito bancario que, dada la elevada inflación, está restringido y en descenso.
La firma ODH ha estimado que al cierre de 2015 el gasto público tuvo un desplome de 33% en términos reales, lo que limita su impacto económico, una tendencia que se ha profundizado este año, que podría cerrar con una inflación de cuatro dígitos.
Econométrica, por su parte, indica que en 2016 “muy probablemente la liquidez real alcance mínimos de los últimos 32 años”. En su análisis apunta que “las empresas deben considerar que el acceso al crédito seguirá difícil, que este será de más corto plazo y el monto acreditado, de conseguirlo, no compensará los incrementos en costos y gastos”.
La banca ha venido protegiéndose ante la crisis, por lo que limita los montos que presta. Con esta práctica el sistema trata de preservarse de cara al futuro, pero le resta poder al crédito. Ahora Maduro abre una ventana para hacer que la rueda comience a moverse nuevamente, algo que podría reanimar a la desfalleciente economía y que pretende darle músculo al chavismo ante la proximidad de una contienda electoral.
La reducción del encaje forma parte de una ingeniería financiera con la cual emitirá certificados de depósitos no renovables por parte del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y otras entidades financieras públicas. Tendrán “un plazo máximo de tres años y con una tasa de interés entre 1% y 1,5% pagadero al vencimiento, para que puedan ser adquiridos por la banca a cambio del diferencial del encaje legal el cual se transformará en un encaje productivo”.
Sobre la base de esta estrategia anunció la aprobación de 250 mil millones de bolívares de la cartera agrícola para la adquisición de 50% de la cosecha del ciclo invierno 2016, ya que pretende colocar, de forma directa, esos productos en la agroindustria para garantizar niveles mínimos de abastecimiento.
