A comienzos de 2015 autoridades iniciaron una inspección en la empresa, ubicada en Carabobo. La medida provocó una especie de cierre técnico en la planta, derivó en la conformación de una junta administradora en junio de ese año y causó el desplazamiento del socio privado en las operaciones de la compañía, acusado de incurrir en supuestas irregularidades administrativas.
Ningún funcionario del Gobierno explicó públicamente las decisiones contra la ensambladora de los carros chinos DongFeng, ni los resultados de las medidas. “Ante la supuesta corrupción que hacía de las suyas en el lugar, la Superintendencia para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), inició en junio de 2015, un proceso de ocupación temporal que buscaba dejar al descubierto el andanaje oscuro que pululaba a lo interno y externo de la planta”, refiere una especie de reportaje publicado en enero pasado en la web del Ministerio de Comunicación e Información (Minci).
En el texto se exalta lo ocurrido tras la intervención. “Desde hace cuatro meses, una junta interventora dirigida por la Vicepresidencia del República se instaló en la fábrica, en aras de reiniciar las operaciones e incrementar la producción”. El encargado de esa junta interventora era José Ramón Hernández, “un abogado egresado de la Universidad de Carabobo”. En esa historia oficial se destaca la gestión de Hernández, a quien le atribuyen el logro de haber incrementado la producción.
Sin embargo, algo cambió y un mes después de la publicación del reportaje del Minci, Hernández fue detenido. De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio Público, Hernández fue “aprehendido” el pasado 4 de febrero por “presuntas irregularidades en la venta de 89 vehículos a la empresa Venezuela Productiva”, compañía estatal destinada a comercializar la producción de empresas como Chery o Venirauto.
La nota del Ministerio Público detalla que la investigación se inició a partir de una denuncia realizada el 23 de enero y que Hernández “permanece recluido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, organismo encargado de su detención.
Fuentes ligadas a la industria automotriz destacan que la detención de Hernández llegó pocos días después de haber sido entrevistado en el programa “Parafraseando con Fraso” de VTV, en el que soltó afirmaciones incómodas. “Con Venezuela Productiva entablé una relación cuando comencé la producción aquí y se me ha hecho difícil, le he enviado una serie de vehículos desde hace varios meses que no he logrado la cancelación en su totalidad”, reveló Hernández a propósito de la empresa estatal encargada de la venta de los vehículos. “Aquí no puede existir la palabra sindicato”, que “no es fácil nacionalizar una empresa”, aunque seguidamente acotó que “estamos luchando por el comienzo y el comienzo es la nacionalización”, fueron otras de sus expresiones.
Hernández alabó las figuras de Nicolás Maduro, Francisco Ameliach y José David Cabello, entre otros funcionarios. Pero especialmente elogió al magistrado Héctor Coronado Flores, a quien calificó como un “padre”, “buen consejero” y “leal”. Pero a los pocos días fue detenido sin que tampoco algún vocero del Gobierno explique la situación y el futuro de Civetchi.
Algunas versiones en la industria automotriz y medios especializados como La Guía del Motor han apuntado que el decreto de expropiación contra la compañía está listo y sólo resta su publicación en Gaceta Oficial, con lo que el Ejecutivo nacional estaría despojando definitivamente al grupo Falsiroli de su participación en la empresa y sumando otra planta ensambladora de automóviles a su control.
