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Gerardo Blyde: “El recorte del periodo presidencial es una salida constitucional, pacífica y electoral” (y II)

viernes 28 de abril de 2017, 17:45h
Por Ascensión Reyes R. @ascer19.- Este abogado constitucionalista que ejerce el cargo de alcalde del municipio Baruta, en el estado Miranda, desmiente el argumento del oficialismo respecto de que convocar elecciones generales viola la Constitución. Hay que acordarse de que el derecho constitucional es el derecho político por excelencia. Para ello, debe haber conciencia del momento político tan crítico y tan difícil que estamos viviendo en nuestra historia constitucional y republicana.
Gerardo Blyde, Alcalde del municipio Baruta. “La renuncia también está contemplada en la Constitución”.

Por Ascensión Reyes R. @ascer19.- Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta afirmó que en la propia Constitución están las salidas para la crisis política, económica y social que vive el país. Una de ellas, es la enmienda de la carta magna para dar paso al recorte de período presidencial, y así celebrar comicios en 30 días para elegir un nuevo Presidente de la República. Sostuvo que con sólo la firma del jefe del Estado, Nicolás Maduro, en cinco minutos Leopoldo López estaría en libertad.

-La Oposición pide elecciones generales, pero el oficialismo señala que no se pueden convocar porque es inconstitucional. ¿Hay algún argumento constitucional que avale el pedido de la Mesa de la Unidad Democrática?

-Cualquier solución pasa por una solución política. Luego, el derecho puede dar el recurso y en la propia Constitución está la solución para poder encauzar esa salida política. Hay que acordarse de que el derecho constitucional es el derecho político por excelencia. Para ello, debe haber conciencia del momento político tan crítico y tan difícil que estamos viviendo en nuestra historia constitucional y republicana. Aquí hubo una ruptura del orden constitucional y esa ruptura no se ha solventado, ni se ha regresado al hilo constitucional. La produjo el Poder Judicial protegiendo al Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, no es fácil de solucionar si los que ejercen el poder no entienden la dimensión de esta crisis política que también es económica y social y se amarran al poder con legalismos que son absolutamente contradictorios en su accionar. Si ellos rompieron el hilo constitucional parece un absurdo atarse al argumento de que no existen salidas constitucionales, cuando sí existen. La propia Carta Magna señala la posibilidad de preguntarle al pueblo venezolano si desea adelantar un proceso electoral del Poder Ejecutivo, a través de una enmienda constitucional. Para ello, sólo hace falta la voluntad política de hacerlo. Esa enmienda permitiría recortar el período presidencial e incluso, si la solución política así lo señala, recortar el período del Parlamento e ir a una elección nueva de presidente de la República y de diputados como ha ofrecido la MUD. Esa salida es absolutamente constitucional, legal, pacífica y electoral, porque se le estará preguntando al pueblo venezolano si quiere el recorte de esos dos períodos constitucionales para ir a un proceso electoral nuevo y renovar esos dos poderes. De la renovación de esos dos poderes surgiría entonces, la renovación posterior de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que están vencidas. También, podría preguntarse sólo por la presidencial ya que la Asamblea Nacional goza de legitimidad más reciente y se recortaría sólo el período del Presidente, y en cuyo caso se revertirían todas las sentencias que han colocado en desacato al Parlamento a los fines de que pudiera nombrar los cincos rectores nuevos en el CNE. Recordemos que dos tienen el período vencido y tres fueron nombrados por una supuesta abstención legislativa. También, pueden revisar el proceso de nombramiento de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se recompone la estructura del poder en Venezuela. Así que la solución la tiene la propia Constitución. Lo que estamos diciendo siempre es regresen al orden constitucional y dejen de usar la Constitución sólo cuando les conviene.

-Eso pasa por hacer un referéndum aprobatorio.

-Sí… esa es una fórmula, pero hay otra constitucional. Es la renuncia de todos aquellos que quieren una solución política y después llamar a elecciones. La Constitución no tiene fórmulas de sustitución en el caso que renuncien el Presidente y el Vicepresidente. La Constitución quedó mocha. Por lo tanto, si el Presidente y el Vicepresidente renuncian antes de concluir el mandato hay que convocar dentro de los 30 días siguientes un proceso electoral presidencial. Si renuncian todos los diputados pasa lo mismo. Yo soy más proclive, porque no me gustan las figuras de vacío de poder, a la enmienda constitucional. La renuncia también está contemplada en la Constitución.

-El otro punto que está en el debate es la Asamblea Nacional Constituyente, aunque el presidente Nicolás Maduro no se refirió exactamente a eso.

-Hay que tener ojo avizor y estar muy pendientes de eso que están hablando. Hermann  Escarrá en una entrevista en VTV dijo que no están hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, sino que convocar al poder originario no tendría que ser a través de una Constituyente. Escarrá asesora al oficialismo y no sabemos a qué figura se está refiriendo. Tampoco lo aclaró Diosdado Cabello en su declaración en el PSUV. Maduro se refirió a la Constituyente de Hugo Chávez. Hay que advertir que modificar la Constitución por una vía distinta a la Asamblea Constituyente es otra subversión del orden constitucional. Como hasta ahora no han aclarado a qué se refieren, pues se trata de especulaciones y esbozos.

-¿No tendrían asidero constitucional y por lo tanto no sería tomado en cuenta por la MUD?

-Yo no hablo por toda la MUD, lo que puedo decir es que hay que estar muy cuidadosos de por dónde van, porque pareciera un peine para desviarse de las elecciones constitucionales que tienen que hacerse. En mi criterio, este no es el momento de buscar una Constituyente. Este criterio lo comparte Julio Borges, presidente del Parlamento. Le leí una declaración. Estamos reclamando que se cumpla la Constitución que fue subvertida con una ruptura del orden constitucional. Que regresen al orden constitucional que está vigente. Hay que preguntarse ¿Si no cumplen la Constitución de Chávez van a cumplir otra?

“Leopoldo puede estar en la calle en cinco minutos con una firma de Maduro”.

-Otra exigencia de la MUD es la liberación de los presos políticos. La Amnistía fue rechazada, ¿Cómo podría lograrse?

-Hay fórmulas muy fáciles. En primer lugar hay una cantidad de presos políticos, cuyos juicios ni siquiera se han iniciado, porque lo que tienen son procesos de medidas privativas de libertad, como por ejemplo, Antonio Ledezma que no ha sido juzgado y ya va para tres años preso, o algunos otros que tienen ya medida de libertad otorgadas por  tribunales tipo Yon Goicochea y que la policía política se ha negado a ejecutar en contra de tribunales y fiscales. Esto es incumplir el orden constitucional. Por ejemplo, Ledezma nunca debió estar preso. Con él no existe presunción de fuga y no representa peligrosidad. El objetivo era separarlo de su cargo. No han podido avanza en su juicio porque no existe nada contra él. La máxima en Venezuela es que se debe juzgar en libertad, a menos que exista riesgo de fuga o represente alta peligrosidad. Hay muchos casos de presos políticos que son fáciles de resolver unilateralmente por el Gobierno que controla el Poder Judicial. Por eso, las peticiones son muy claras, no hay necesidad de establecer ni diálogo ni negociaciones, porque eso ya lo prometió el Gobierno en el anterior diálogo y no lo cumplió. En muchísimos casos no hay ni siquiera sentencia o juicios avanzados y simplemente con revocar esas medidas privativas de libertad dictadas al inicio de los procedimientos se producen la liberación de esos presos políticos. Hay otros casos que han sido sentenciados como los de Leopoldo López, Iván Simonovis, los policías de la Policía Metropolitana y muchos de ellos cumplieron su condena o gran parte de ella y podrían venir medidas en el área judicial para poder liberarlos con formas alternativas de cumplimiento de condenas. El caso más complicado es el de Leopoldo López por las dimensiones que tiene y porque se agotaron las vías internas, pero con una simple medida del Presidente de la República como se le otorgó a Chávez por el presidente Rafael Caldera.  Leopoldo puede estar en la calle en cinco minutos con una firma de Maduro. Así que ellos no tienen ninguna excusa para no cumplir una exigencia tan sencilla como liberación de los presos políticos.

-Dice que el Ejecutivo controla el Poder judicial, pero parece que no controla al Sebin que se niega a dar libertad a los presos que tienen boleta de excarcelación.

-Creo que sí los controla, y que esas sentencias que han ordenado la excarcelación de muchos presos políticos no la han ejecutado porque el propio Presidente no quiere que se ejecuten. Entonces, hay una contradicción entre lo que dejaron hacer a los jueces y después no han querido que se ejecute. Hubo un cambio de opinión en el propio Ejecutivo que viola la Constitución. Hay que recordar que en Venezuela se consagra el debido proceso y este indica que si un juez determina la libertad de una persona tiene que liberarlo el órgano que lo tenga aprehendido.

-En cuanto a la inhabilitación del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles ¿Cómo podría revertirse esa medida?

-Eso es más fácil, porque la inhabilitación que le decretó el Contralor de la República es una sanción desproporcionada con respecto a la sanción principal y debe haber una  proporcionalidad entre la principal, que es administrativa, y la complementaria que es la inhabilitación. En este caso, la inhabilitación aún no está firme por cuanto tiene recursos de reconsideración ante el propio Contralor, que todos sabemos obedece a Maduro. SiCapriles ejerce sus recursos dentro de plazo de ley, el propio Contralor puede dejar sin efecto esa medida de inhabilitación decretada en vía administrativa. La otra fórmula, si el Contralor decide ratificar su sanción de 15 años de inhabilitación le da la posibilidad a Capriles de impugnarla y con esta solicitar la nulidad de los efectos de ese acto administrativo de inhabilitación. Y, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa admitiría el recurso y suspendería los efectos jurídicos mientras se decide la nulidad en un juicio. Por lo tanto, quedaría habilitado para ejercer cualquier cargo público.

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