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Gerardo Blyde: “La fiscal Ortega Díaz le debe al país un pronunciamiento sobre los magistrados que rompieron el orden constitucional” (I)

viernes 28 de abril de 2017, 10:02h
Por Ascensión Reyes R.- @ascer19.- Dice el alcalde de Baruta que “en cuanto a la función represiva excesiva que hemos visto, la responsabilidad recae sobre el que comanda a toda la Fuerza Armada que es el presidente de la República, sobre los comandantes de los cuerpos  que estén ejerciendo represión y sobre cada uno de los individuos que ejerzan la represión desproporcionada, que no acatan el control proporcional de las fuerzas y que en el ejercicio de sus funciones en el control del orden público se hayan excedido. Tiene una responsabilidad penal individual cada uno de ellos y quienes les impartieron las órdenes”.
Gerardo Blyde, Alcalde del municipio Baruta. “Los civiles sólo pueden ser juzgados por jueces civiles y los militares por militares”.

Por Ascensión Reyes R. @ascer19.- Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, y abogado constitucionalista, si bien celebra las actuaciones del Ministerio Público en estos últimos días, también sostiene que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, está en deuda con Venezuela por cuanto no se ha iniciado el procedimiento para investigar a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que rompieron el orden constitucional, al dictar las sentencias 155 y 156 que anularon las potestades de la Asamblea Nacional. Advierte que a la Fiscalía le están haciendo un “bypass” cuando están pasando a civiles detenidos arbitrariamente para que sean juzgados por los tribunales militares.

-Si bien la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo en su momento con respecto de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ configuraban una ruptura de hilo constitucional. Después no ha actuado. Que se sepa no ha hecho la investigación penal que se pidió sobre los magistrados.

-Uno, ella dio una declaración que yo compartí. La Fiscal ese día hizo su trabajo, pero también, muchos del foro jurídico venezolano le pedimos que iniciara entonces los procedimientos de investigación fiscal que le corresponden para determinar quiénes son los responsables de esa ruptura del orden constitucional que no se subsana con sentencias parches que dictaron para tratar de solventar el problema como un supuesto conflicto de poderes, lo que no es verdad. Ella denunció que no existía un conflicto de poderes como lo quiso hacer ver el presidente Nicolás Maduro. Ella denunció la ruptura de orden constitucional, es decir, un golpe de Estado constitucional dado por los magistrados del TSJ.  Evidentemente, la Fiscal le debe al país una investigación fiscal, un pronunciamiento y unas acciones respecto a esta ruptura del orden constitucional. Dos, la actuación de fiscales en el caso de detenciones arbitrarias está dando cuenta de un cambio de actitud en el Ministerio Público en los procedimientos penales. Incluso  sabemos de casos en los cuales los fiscales han pedido la libertad y se han tenido que enfrenar a los jueces de control en las audiencias de presentación que no liberan a los detenidos por obedecer otra orden. Eso significa un cambio de actitud del Ministerio Público muy importante. Tres, el 19 de abril la Fiscal sacó un comunicado, cuyo párrafo más importante es el tercero, en el cual exhorta a la FANB y a todos los organismos de orden público a permitir la manifestación pacífica conforme lo establece el Artículo 68 de la Constitución y a no violar los Derechos Humanos. Ese exhorto es muy importante y pasó por debajo de la mesa por cuanto se estaban desarrollando las marchas en ese momento, sobre todo la gigantesca movilización de la MUD.

-La Fiscalía se niega a que dejen detenidos a quienes han sido aprehendidos arbitrariamente, pero los están pasando a la justicia militar.

-Eso es una violación al principio del juez natural que conforma parte del debido proceso constitucional. Los civiles sólo pueden ser juzgados por jueces civiles y los militares por militares, con la excepción de cuando un cometen un delito común que sí puede ser juzgado  por la justicia civil. Pero la justicia militar no tiene ninguna jurisdicción y todas sus actuaciones, tanto órdenes de detención como en cualquier etapa de juicio son nulas. Creo que es un "bypass" que le están haciendo al Ministerio Público, que se niega expresar en las audiencias de presentación que existan elementos de convicción para procesar un detenido. Como tiene mucha más fidelidad la jurisdicción militar y la fiscalía militar están tratando de utilizar este subterfugio que es un fraude a la Constitución y al debido proceso.

“El monopolio de las armas en el país sólo lo tienen las FANB y los cuerpos policiales”.

-En la represión que se observa en Venezuela existen dos niveles. El policial-militar y la de los grupos armados, denominados colectivos. ¿Sobre quién recae la responsabilidad en estas distintas fases de la actuación desmedida policial-militar y de los colectivos?

-Empiezo por lo último. Haber armado a civiles para la defensa de la revolución fue un proyecto de Hugo Chávez y se ha acrecentado en estos años de Maduro. Hay que hacer la salvedad que no todos estos grupos están armados y utilizan la violencia para defender la revolución. En este caso, estamos hablando de colectivos armados que están siendo usados para amedrentar  y para generar violencia. Allí, el Estado y el Gobierno son responsables de haberlos armados y dejarlos actuar libre e impunemente para la comisión de delitos. Lo que estamos viendo es la comisión sucesiva de delitos penales. Responde personalmente cada uno de aquellos que cometan el delito, pero también deben responder quienes han incentivado a estos grupos y los autores intelectuales de que estos grupos fueran armados, y actuaran anárquicamente en defensa de la revolución. Ahí se salieron otra vez del orden constitucional y legal venezolano.  El monopolio de las armas en el país sólo lo tienen las FANB y los cuerpos policiales. En cuanto a la función represiva excesiva que hemos visto, la responsabilidad recae sobre el que comanda a toda la Fuerza Armada que es el Presidente de la República, sobre los comandantes de los cuerpos que estén ejerciendo represión y sobre cada uno de los individuos que ejerzan la represión desproporcionada, que no acatan el control proporcional de las fuerzas y que en el ejercicio de sus funciones en el control del orden público se hayan excedido. Tienen una responsabilidad penal individual cada uno de ellos y quienes les impartieron las órdenes. No vale alegar que por órdenes superiores se vieron obligados a cometer violación de los Derechos Humanos. Así está establecido en la Constitución.

-¿Estos delitos configurarían un pase del presidente Maduro a la Corte Penal de La Haya?

-No soy especialista en materia de la jurisdicción de la Corte Penal de La Haya y mucho menos en juzgamiento de violación masiva de Derechos Humanos, pero lo que me dicen los especialistas es que se está creando un nuevo expediente con el cual se podría sostener la autoría intelectual, no la material, de toda esta represión y de todo este dejar actuar por part6e del Gobierno y de las fuerzas de orden público a civiles amados para atentar contra otros civiles y cometer delitos.

-Hay una ola de detenciones muy fuertes. Incluso el Foro Penal Venezolano ha señalado que nunca se habían detenido tantas personas en un solo día. Llama la atención, sin embargo, que mucho de los apresados son dejados en libertad sin pasar por los tribunales. ¿Qué significa eso?

-En primer lugar, sí hay una ola de detenciones muy fuerte, pero como no tienen pruebas  contra esa cantidad de detenidos no los pueden presentar en tribunales. Además, la Fiscalía General, de acuerdo con la información que manejamos, no ha estado de acuerdo con esa ola de detenciones de personas que manifiestan. Lo que significa un avance. Sin la acusación fiscal cuando van a la audiencia de presentación y la Fiscalía dice que no hay pruebas contra un detenido, entonces tienen que soltarlos. Lamentablemente, algunos tribunales les están pidiendo fianzas, es decir fiadores. Como se tarda en reunir los requisitos a las personas se les castiga con una o dos semanas detenidos. Cuando la detención es tan arbitraria que no presentan pruebas de ningún tipo para poder sostenerla, ya ni siquiera los presentan a tribunales sino que los sueltan. Vivimos una ola de detenciones arbitrarias inclemente.

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