A la casta militar no le conviene el caos, ¿o sí?

Por Oscar Medina @oscarmedina1.- El vicepresidente Tareck El Aissami promete tribunal militar para quienes actúen en contra de la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. La “justicia” de los uniformados ya procesa a más de 400 civiles en este momento y la tendencia es que serán muchos más. Buena parte de los organismos e instituciones del Estado son manejadas por miembros de la Fuerza Armada Nacional.


Por Oscar Medina @oscarmedina1.- Son 467 los civiles que han sido presentados ante tribunales militares de acuerdo a los registros del Foro Penal. Todos detenidos en el marco de la represión de las protestas de estos últimos meses. Como si se tratara de algo muy natural, el Gobierno permite esta aberración y la apoya desde el Ejecutivo y el resto de las instituciones que controla. ¿Por qué? Porque aquí mandan los militares.

En un comunicado fechado el 9 de mayo de 2017, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denunciaba la escalada de violencia contra las manifestaciones opositoras y la tendencia ya muy marcada de aplicar la justicia militar a ciudadanos sin uniforme: “Esta situación es violatoria de los Artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.

El 261 de la Constitución lo señala claramente: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Y mientras tanto, el vicepresidente Tareck El Aissami anuncia que quien “atente” contra la elección del 30 de julio será juzgado por oficiales.

Un interesante trabajo publicado por El Nacional explica en qué se apoyan los militares para esta oleada de procesos contra civiles: “… el marco legal que se aplica actualmente en los juicios militares se basa en el Código Orgánico de Justicia Militar que fue aprobado por el ex presidente de Venezuela Juan Vicente Gómez. Este Código fue promulgado en 1933 y tiene 84 años de vigencia”. Allí, el abogado Carlos Daniel Moreno, de la ONG Activismo Ciudadano, advierte que ese código es anterior a la actual Constitución de Venezuela y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

¿Por qué se aplica si no tiene vigencia alguna? Porque aquí mandan los militares.

La lectura en Prodavinci de la entrevista hecha por Hugo Prieto a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, dibuja un cuadro desesperanzador, especialmente para quienes creen que la crisis del país no requiere de un proceso negociador para encontrar salidas. Dice la abogada y defensora de derechos humanos: “Muy pocos lo advierten, pero a partir de 2004, 2005, cuando Chávez se siente ganador, comienzan los viajes de las promociones de Estado Mayor de los diferentes componentes de la FAN a Cuba. Los primeros en viajar fueron los integrantes de la promoción de 1987, precisamente de esa promoción egresaron los ocho comandantes que actualmente detenta el poder de fuego de las FAN, a través de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). De ahí viene la formación ideológica y la construcción de la FAN como pilar de la revolución”.

El 38% del gabinete Ejecutivo de Nicolás Maduro está controlado por militares, apunta San Miguel. Y hay que sumar a eso a los oficiales que están al frente de empresas y otras instituciones del Estado. Hay grandes negocios en juego: Importaciones de alimentos, de medicinas, de insumos médicos. Una investigación de Armando.info revela que al menos 785 oficiales activos han sido contratistas del Estado a lo largo de los últimos diez años, contraviniendo la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y los que no se conocen.

San Miguel pone el ejemplo de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), de la cual hemos hablado aquí y aquí en KonZapata, y que tiene a Vladimir Padrino López a la cabeza: “No olvidemos que el control de la mayor fuente de riqueza minera del país está bajo el control de la Fuerza Armada Nacional a través de Camimpeg. Durante 50 años, la FAN va a explotar todos los recursos mineros del país. Eso puede representar, económicamente, mayores dividendos que la explotación petrolera, hoy en merma en Venezuela por falta de inversiones. No podemos olvidar, por ejemplo, que en la estructura de Camimpeg está Vladimir Padrino López (Eje) como presidente y como vicepresidente Antonio Benavides Torres (GNB). Ahí se entiende perfectamente la ecuación. Esa casta militar que controla el poder tiene que vigilar lo que suceda en la constituyente. Ese es el mayor incentivo, para no perder sus privilegios, pero también para no quedar fuera del poder”.

En la mentalidad de esa casta militar no cabe el desorden, el ruido de la calle, la rebelión de los civiles. Por eso reacciona con la desmesura de estos días. Por eso le interesa apaciguar al costo que sea. La perspectiva de una participación masiva en la consulta popular de este domingo 16 debería tenerlos inquietos: Es una voz que no quieren escuchar pero tendrán que hacerlo si los números resultan contundentes. Y lo que vendrá si, pese a todo, se realiza la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco augura calma. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? La confrontación de una mayoría en contra, versus una minoría que obedece la línea dictada por el Ejecutivo nos dejará seguramente con un país dividido en dos, con instituciones paralelas enfrentadas, con caos, con un país detenido, que no produce, que no avanza.

¿Y cómo quedan los negocios? En eso tendrán que pensar seriamente en algún momento. Quizás no ahora mismo, pero sí cuando la crisis alcance las nuevas proporciones que asoman en el horizonte. Las grandes transacciones, las comisiones más jugosas, se hacen en los tratos internacionales. Y un país quebrado, con un Estado fragmentado y caótico y además presionado y vetado, podría -podría- quedar por fuera de estos asuntos.

¿Es esa la solución para Venezuela? ¿El interés de una casta uniformada será lo que destranque el juego? Es sólo una posibilidad: La de que entiendan en algún momento que a nadie le conviene el agite permanente. Ni siquiera a ellos, ni siquiera a sus cuestionables intereses materiales. Si recibieron formación en Cuba, habrán entendido allí acerca de la importancia de mantener al pueblo sometido y callado para poder hacer su voluntad. Pero esto no es Cuba. Al menos no todavía. Y estamos en el 2017. Quizás aflore la sensatez pragmática de aspirar a conservar espacios. Quizás no.