Caso Odebrecht: El desfalco en Tocoma alcanza los 3.000 millones de dólares

Por Danny Leguízamo @DannyLeguizamo.- (Esta nota la publicamos el 16 de febrero de 2017. Hoy la rescatamos en vista de los anuncios de la Fiscal General de que los implicados en el caso Odebrecht ya están identificados). Después de múltiples interpelaciones, la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que estudia la crisis eléctrica, llegó a una conclusión sobre el caso Odebrecht con el Proyecto Tocoma.


Por Danny Leguízamo @DannyLeguizamo.- Después de múltiples interpelaciones, sesiones maratónicas y centenares de documentos, la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que estudia la crisis eléctrica en Venezuela rindió informe este miércoles en plenaria. La instancia, presidida por Jorge Millán (PJ) estudió, entre otras, a la empresa Odebrecht, que como integrante del Consorcio OIV, tenía la responsabilidad de la construcción del Proyecto Tocoma. El Consorcio OIV estaba integrado por otras dos empresas: La italiana Impregilo (con 40%) y la venezolana Vinccler (10%). El resto de las acciones pertenecían a la tristemente célebre constructora de Norberto Odebrecht.

Central Hidroeléctrica “Manuel Piar” en Tocoma, estado Bolívar.

¿Y cuál fue la conclusión a la que llegaron los diputados de la Asamblea Nacional sobre el caso Tocoma?

Que hubo un “desfalco a la nación por 3.000 millones de dólares, según expresó el diputado Óscar Ronderos (AD). Dicha cantidad es la que hoy adeuda la República al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento, organismos que originalmente habían sido financistas del proyecto. También señaló Ronderos que las empresas contratistas del Consorcio OIV “se aprovecharon de la crisis para hacer negocios mil millonarios”, por lo que exigió a la plenaria “remitir el informe a los organismos competentes por incumplimiento de contrato” en el caso Tocoma.

El diputado Freddy Guevara (VP), primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, notificó que el informe de la Comisión será remitido a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General.

El Proyecto de Tocoma iba a generar 2.160 megavatios para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La fecha de inicio de construcción del proyecto data de marzo de 2007, y debía ser culminado en 2012. Al 2016, la ejecución física era de 98%. En las interpelaciones por el caso, Jorge Faroh, asesor externo de la brasileña Odebrecht y representante del Consorcio OIV, no pudo explicar satisfactoriamente a los diputados de la instancia parlamentaria, cómo es que el proyecto tiene cuatro años de retraso. Aquella interpelación terminó en un enredo de cifras y fechas, tal y como reseñamos en KonZapata. Faroh explicó la ejecución presupuestaria del proyecto, pero cuando el diputado Ronderos le insistió en dos oportunidades de manera directa por la ejecución financiera, Faroh contestó lo que sigue, desatando la indignación de los diputados:

-¡Eso sí que no lo tenemos!

Oscar Ronderos, diputado.

Finalmente, tras varias semanas de espera, el Consorcio OIV entregó las cifras que solicitó Ronderos. Pero las mismas siguen sin explicar varias cosas; entre ellas, el retraso en la construcción y culminación del proyecto.

Tampoco pudo explicar Faroh qué es lo que resta para su culminación; es decir, el misterioso 2% que según ellos, les falta para concluir aquel proyecto que vendieron como una solución al problema eléctrico en Venezuela. Un 2% que no tiene la más remota de las defensas, a juicio de los parlamentarios de la Comisión. Un caso más para una empresa señalada por sobornos a decenas de funcionarios en América Latina. Un “desastre”, en palabras del diputado Ronderos. Y un eslabón de una cadena de presunta corrupción en el SEN que según los diputados de la MUD, alcanza la escandalosa cifra de 42 mil millones de dólares, por lo que fue declarada responsabilidad política a siete ex ministros de energía eléctrica: Rafael Ramírez Carreño; Alí Rodríguez Araque; Jesse Chacón; Argenis Chávez; Nervis Villalobos, y Javier Alvarado, además de Aristóbulo Istúriz, quien fuera “Jefe del Estado Mayor Eléctrico”, y una citación al actual ministro de energía eléctrica, mayor general Luis Motta Domínguez, para quien el diputado Jorge Millán solicitó “voto de censura”.

-El problema eléctrico es causa de quienes se enriquecen a costa de los recursos del Estado. Este informe da cuenta de toda la estafa cometida por el Gobierno en el sector eléctrico (…) apenas tenemos el 63% de capacidad hidroeléctrica y 37% de capacidad termoeléctrica. La sobreexplotación de la represa del Guri en el 2016 ocasionó que no se lograra abastecer a todo el país, dijo Millán.