Leopoldo López podría ser el gran beneficiario de la pelea entre el TSJ y la Fiscal General

Por Oscar Medina @oscarmedina1.- Que el Tribunal Supremo de Justicia se haya ocupado de mandar a casa al líder de Voluntad Popular se sustenta en principio en la “necesidad” de subsanar lo que podría catalogarse como una irregularidad menor. Pero todo el proceso, en realidad, reúne una acumulación de vicios que deberían conducir a la anulación de la sentencia. Y hacia esto apunta la nueva estrategia de la defensa. ¿Lo permitirán los magistrados? ¿La libertad de López será el precio a pagar por ir en contra de Luisa Ortega Díaz y el Ministerio Público?


Por Oscar Medina @oscarmedina1.- ¿Cuál será la jugada? ¿Por qué? ¿Para qué? Demasiadas preguntas dispara la sorpresiva salida de Ramo Verde de Leopoldo López. Nadie tiene respuestas absolutas. Sólo entre quienes tomaron la decisión debe estar repartida la verdad. Y habrá que esperar algún tiempo para que se animen a dar explicaciones creíbles.

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En el papel firmado por Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ponente de la decisión que hoy tiene a López bajo arresto domiciliario se leen dos argumentos. El primero se refiere a la súbita necesidad de la Sala de Casación Penal del TSJ de ocuparse de subsanar una irregularidad de procedimiento que podría calificarse de “menor” si se le compara con el cúmulo de turbiedades y violaciones a los derechos de López que reúne su expediente.

La historia, en términos simples, es así: El 16 de febrero esa misma Sala de Casación desestimó un recurso presentado por la defensa de López. El expediente -con la nueva decisión- fue remitido por la Sala a la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de donde debió ser enviado a un tribunal de primera instancia en funciones de ejecución. Esto no se hizo. Y por esa razón el TSJ, muy diligente, se apuró a corregir el asunto.

El 7 de julio solicitó de forma urgente que enviaran al expediente de López de regreso a la Sala de Casación Penal para que una vez recibido los magistrados se encargaran de subsanar esta falta imperdonable que podría manchar la imagen del Poder Judicial o “perjudicar la paz pública o la institucionalidad democrática”. La orden se cumplió de inmediato. El mismo día llegó el expediente y se designó como ponente a Moreno. Y con una celeridad inusitada, la jornada del 7 de julio alcanzó para que Moreno tomara la decisión de darle a López el beneficio de casa por cárcel debido a que sus familiares y defensores advirtieron “que el mismo presenta complicaciones médicas”.

Sobre el estado de salud de López nada más se ha dicho, al menos de manera oficial. El 8 de julio Tarek William Saab declaró que la Defensoría del Pueblo había constatado que López se encontraba bien de salud y que no había sido torturado, tal como lo había denunciado días antes su esposa Lilian Tintori. Pero hizo una salvedad: “Que él pudiera tener alguna circunstancia, ojo, separado del tema de la falsa denuncia a su integridad física, no me corresponde a mí en este momento expresar lo contrario”. Desde el chavismo Eva Golinger lanzó vía Twitter una pregunta pertinente aunque ella nada tiene que ver con el caso: “Si Leopoldo López tiene problemas de salud por qué no lo llevan a un hospital?”.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del dirigente opositor Leopoldo López.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, del equipo de la defensa de López, declaró el lunes 10 de julio sobre el tema: “Leopoldo está bien de salud y coherente psicológicamente, no somos médicos para determinar eso, será el Ministerio Público a través de un examen forense, quien especifique los detalles”. Lo que resta entonces es esperar si le practica o no esa evaluación médica.

Pero de momento esto no es lo importante. Gutiérrez también habló de una nueva estrategia que persigue anular la condena que pesa sobre López: “Evaluaremos si un pequeño vicio de carácter procedimental implicó la configuración del arresto domiciliario como medida cautelar sustitutiva entonces la ocurrencia de graves vicios procedimentales debe traer como consecuencia (…) la nulidad plena absoluta de esta sentencia”.

En otras palabras, si algo tan simple como la no distribución oportuna del expediente fundamenta el hecho de que López haya regresado a casa, la enorme cantidad de irregularidades de todo el proceso debería conducir a la lógica decisión de anular el juicio y dejar sin efecto la condena a 13 años y 9 meses de prisión.

Gutiérrez ya solicitó esto el 16 de octubre de 2015 mediante un recurso de apelación que se mantuvo en el congelador hasta ser admitido, finalmente, en abril de 2016. El 12 de agosto de ese año la corte de apelaciones ratificó la sentencia pese a que no hubo nada en el juicio que probara las acusaciones hechas contra López.

En ese proceso hay problemas de mayor calibre que la no distribución del expediente: No se evaluaron todas pruebas, no se contrastaron los testimonios, no se buscó llegar a la verdad, se omitieron actas que habrían cambiado el desenlace, ni los testigos ni las pruebas de la defensa fueron admitidos, no se comprobaron los delitos y la única conexión que se “estableció” entre López y los eventos del 12 de febrero de 2014 se hizo a través de un análisis lingüístico de unos pocos discursos de López. Eso, por citar algunas cosas.

Pero no hay que olvidar lo que la testigo “estrella” del caso, la lingüista Rosa Amelia Asuaje declaró después: “Mi informe describe las características de Leopoldo López como orador político. En los videos que analicé tiene un discurso confrontacional e iracundo, pero ninguno de ellos prueba que López hizo llamados expresos a la violencia y mucho menos que dio las instrucciones para que fueran asesinadas 43 personas. Me parece increíble que un caso de esta importancia no haya sido contrastado con más pruebas que el informe pericial de una lingüista”.

Tampoco hay que olvidar que antes -en 2015-, el fiscal Franklin Nieves denunció desde Estados Unidos que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello orquestaron una trama de pruebas falsas y testigos manipulados para forzar la condena contra López.

De modo que lejos de calmar las aguas, el beneficio de casa por cárcel y los propios argumentos de Maikel Moreno podrían permitir la libertad plena para el líder de Voluntad Popular si es que se logra la evaluación del expediente bajo la lógica planteada por el abogado defensor: Atender a las enormes irregularidades del juicio.

En el terreno político se abre el espacio para otras consideraciones. Por ejemplo, si el TSJ busca una manera de ir contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz, aquí podría tener un arma: Tanto los fiscales acusadores -es decir, el Ministerio Público- como la jueza Susana Barreiro son responsables por los vicios del proceso contra López. ¿Tomarán este camino? La posibilidad está planteada en el escenario. ¿Le conviene esto al Gobierno? Esa sería la gran pregunta.