¿Necesita Venezuela ayuda internacional para luchar contra la corrupción?

Por Oscar Medina @oscarmedina1.- La revolución socialista ha demostrado una voracidad implacable. Las denuncias por malos manejos e irregularidades de todo tipo alcanzan pasmosas cifras en dólares que ubican a la nación como una de las más corruptas del mundo.


Por Oscar Medina @oscarmedina1.- No suele hacer mucho ruido Guatemala. Al menos si se le compara con sus vecinos del Continente más grandes y escandalosos. Pero hay cosas sucediendo allí que llaman la atención. Y mucho.

Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala.

La primera aproximación muestra un enrevesado historial de sacudidas como consecuencia del mismo problema: La corrupción. Y es el mismo problema con diferentes caras. Aunque al final todas asomen de un pozo: La clase política, el poder. En 2015 la revelación de la existencia de una estructura de sobornos, contrabando y evasión de impuestos produjo la salida de la presidencia del ex militar Otto Pérez Molina -a quien se le acusó de estar a la cabeza- y el pase a la justicia de otros cuarenta funcionarios activos durante su gobierno.

Esa pesquisa la llevó a cabo un organismo que debería replicarse en otros países de la región: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron el 12 de diciembre de 2006 el acuerdo para crear este instrumento, que fue ratificado por el Congreso al año siguiente, y que se concibió como un organismo independiente de carácter internacional que opera dentro del país en apoyo al Ministerio Público y a los demás entes del sistema judicial y policial en la investigación de delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Para ser más claros: Investiga y luego promueve causas penales a través del Ministerio Público. De hecho, más de 200 personas se han visto las caras con la justicia gracias al trabajo de la CICIG.

La caída de Otto Pérez Molina hizo posible que un aspirante sin trayectoria política y popular entre la gente por su condición de actor y comediante de televisión, se alzara con la presidencia en las elecciones de ese año. Eran tiempos en los que se hablaba de “la nueva política” y los candidatos tradicionales corrían con la desventaja de la mala fama generalizada. Y Jimmy Morales asumió el mando en 2016.

El problema fundamental con Morales es que si bien la de él era una cara nueva en estas lides, el partido que lo apoya desde 2012 -el Frente de Convergencia Nacional- es una creación de ex militares entre los que figura, por ejemplo, el oficial retirado Edgar Ovalle Maldonado, quien obtuvo un puesto en el Congreso tras el triunfo de Morales y hoy es prófugo de la justicia nacional e internacional por su participación en masacres de civiles ocurridas al norte del país.

El año pasado la CICIG y la Fiscalía destaparon otra trama de corrupción en la que están involucrados Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, es decir, el hermano y uno de los hijos del presidente. Ambos están detenidos. Y en lo que va de año, especialmente durante los últimos meses, Guatemala pasa por una verdadera crisis de la cual no hay mucho eco en el mundo: El presidente intentó forzar la salida del país del director de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez; la CICIG y el Ministerio Público solicitaron un antejuicio de mérito contra Jimmy Morales por su responsabilidad en las irregularidades en el manejo y recepción de fondos económicos para su campaña; el Congreso aprobó reformas a leyes que implicaban -en la práctica- la exoneración de los cargos presentados contra Morales -y contra los secretarios generales de otros partidos- por esos manejos irregulares y conmutaban las penas de cárcel por multas a cerca de 400 tipos de delitos, incluido el de corrupción.

Finalmente, Iván Velásquez continúa su labor en Guatemala y recibió el respaldo de la ONU. Y los congresistas, forzados por movimientos y protestas ciudadanas, tuvieron que echar para atrás lo aprobado en esto que se conoce en la opinión pública como “pacto de corruptos”. Hoy muchos piden la renuncia y juicio de Morales (hay ocho solicitudes para despojarlo de su inmunidad) y la renuncia de los diputados que aprobaron las complacientes y muy oportunas reformas.

Jimmy Morales, Presidente de Guatemala.

Esto, que es apenas un resumen muy apretado de lo que se vive en ese país, hace pensar que Guatemala está ahogada en corrupción. Y es posible que esa apreciación sea cierta. Una conversación con Manfredo Marroquín, director de Transparencia Internacional en Guatemala transcurre así:

-¿Qué ocurre en Guatemala, por qué pasan estas cosas? ¿Es la impunidad?

-Sí, hay un asunto de impunidad, pero es que no es nada diferente al resto de América Latina.

-La verdad es que tiene razón… Lo diferente en Guatemala más bien es que existe una CICIG…

-Claro. En todo lo demás, es lo mismo.

-El ejemplo de la CICIG debería replicarse en otros países de la región.

-Pues sí, pero en eso Guatemala es un mal ejemplo: Por los buenos resultados de la Comisión, se vuelve un mal ejemplo para el resto de los gobiernos…

La conformación de la CICIG fue una necesidad. Fue el resultado de un curioso momento de lucidez en el que las instituciones de un país entendieron que no podían más. Fue el producto del reclamo de una sociedad azotada por los corruptos, las violaciones a los derechos humanos, los crímenes a manos de uniformados. Y aunque cada revelación ha causado revuelo y zozobra, la continuidad de ese trabajo arduo y peligroso contribuirá muy pronto a sanear un sistema en extremo podrido.

La magnitud de la corrupción en Venezuela

Vamos a vernos un rato en ese espejo. El capítulo venezolano de Transparencia acaba de informar que desde 2001 hasta ahora el Estado ha pasado de ser propietario de 74 empresas a tener 526. Esto es, 526 empresas públicas. Brasil tiene 130 y Argentina 52, por citar dos países grandes con considerables problemas de corrupción que involucran a algunos ex presidentes.

En la presentación del informe difundido el 28 de septiembre se puede leer: “La consolidación de las Empresas Propiedad del Estado -EPE- fue precedida por los límites al derecho a la propiedad y libre empresa, la instauración del control de cambio y de precios, así como modificaciones a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Todo ello sentó las bases para que se desatara la hegemonía del Gobierno en todos los sectores, a partir de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, re-estatizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero o de creación de empresas. De acuerdo con los resultados de la investigación organizada por Transparencia Venezuela, que se concentró en ocho empresas en los sectores petróleo, manufactura, agroalimentario, financiero y eléctrico, las EPE arrojaron en 2016 pérdidas por Bs.1,29 billones, cifra que superó el presupuesto de la nación en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social. Los casos más emblemáticos son los de PDVSA, con saldos negativos estimados en Bs.775 millardos y Corpoelec con Bs.149 millardos”.

En su investigación Transparencia no duda en calificar al Gobierno como una cleptocracia: “Un sistema de gobierno en el que priva el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes de la nación”.

Y esto es apenas lo más reciente. Ahí están las denuncias sobre el papel de Odebrecht en Venezuela, los manejos de la importación de alimentos para el programa CLAP, los más de 87 mil millones de dólares saqueados del erario público de acuerdo a la pesquisa de la Asamblea Nacional, y tantos más que se pierden en un archivo que luce interminable.

Una Comisión Internacional contra la Impunidad hoy es un sueño imposible en un contexto como el que tenemos de instituciones y poderes convertidos en herramientas de un proyecto hegemónico. Pero el día que la correlación de fuerzas cambie, cosa que tendrá que pasar, el país necesitará ayuda para recomponerse. ¿Tendremos entonces algo similar a ese momento de honesta lucidez que tuvieron los guatemaltecos?