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¿Qué pueden hacer los bancos con la medida que restringe las transferencias desde el exterior?

miércoles 05 de septiembre de 2018, 10:00h
Por José Antonio Bautista.-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario equipara las transferencias bancarias a las remesas, cuando técnicamente hablando no son lo mismo, ya que mediante las transferencias bancarias locales no ingresa una sola divisa al sistema financiero nacional, son solo bolívares recirculando en este mismo sistema monetario, al que no se le agrega ni un céntimo de moneda extranjera.
Por José Antonio Bautista.-El Estado venezolano, en su afán por controlar las remesas, instruyó a la banca por intermedio de la Superintendencia de la Sudeban, una serie de medidas para controlar el movimiento de cuentas radicadas en Venezuela, desde direcciones IP (Internet Protocol) ubicadas en el exterior.



Según Antonio Morales, superintendente (E) de la Sudeban, las medidas adoptadas persiguen que el envío de remesas desde el exterior deba efectuarse a través de casas de cambio y no por transferencias entre personas naturales o jurídicas que desde el exterior envían dinero por medio de la banca electrónica sin pagar las tasas correspondientes.

La superintendencia equipara las transferencias bancarias a las remesas, cuando técnicamente hablando no son lo mismo, ya que mediante las transferencias bancarias locales no ingresa una sola divisa al sistema financiero nacional, son solo bolívares recirculando en este mismo sistema monetario, al que no se le agrega ni un céntimo de moneda extranjera.

Sin embargo, se busca el control. Se quiere impedir que desde el exterior se manejen las cuentas bancarias nacionales sin antes informar todos los detalles de ese movimiento electrónico extraterritorial. Ello, porque se concluye que todo movimiento bancario de esa índole está asociado a una transacción en divisas.

En cumplimiento de lo ordenado, corresponderá a la banca instrumentar y poner en práctica mecanismos para informar a sus clientes que de tener previsto viajar fuera del territorio nacional y requieran usar o movilizar sus instrumentos financieros bajo cualquier tipo de operación, deberán notificar previamente dichas circunstancias, indicando expresamente el lugar o lugares de destino, el período correspondiente y cualquier modificación que pudiera alterar dicha información.

Asimismo, los bancos deberán identificar las transacciones de clientes que no hayan efectuado la mencionada notificación, cuyas direcciones IP se encuentren fuera de Venezuela y, en tales casos, efectuar de manera preventiva un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes a dicho cliente hasta tanto este suministre los datos antes requeridos.

Como complemento del control, los bancos deberán reportar semanalmente por correo electrónico a la Sudeban el detalle de los clientes que hayan informado sobre su salida del país (nombres, lugar de destino, período, instrumentos bancarios), así como todas las operaciones que se efectúen con una IP desde el exterior, discriminando: nombre del titular; lugar de destino y período; tipo e identificación del instrumento; tipo, lugar de procedencia y monto de la operación.

Qué puede hacer la banca

Para dar cumplimiento a las instrucciones de la Sudeban, las instituciones bancarias deberán levantar, documentar y poner en funcionamiento los respectivos procedimientos para implementar tales indicaciones y hasta tanto ello no ocurra y notifiquen a sus clientes de tales medidas, wstas carecerán de efectos ante los usuarios bancarios.

En su adecuación, la banca deberá plantearse cómo llevar a cabo lo solicitado a nivel informático. Cómo filtrar, identificar y reportar solo determinadas direcciones IP. Cómo aislar electrónicamente a ciertos usuarios sin que ello implique un riesgo legal, que conduzca a un incumplimiento de los contratos para la prestación de tales servicios, y más grave aun, la vulneración de una serie de principios constitucionales como el de la propiedad privada, el de la no discriminación, el de la libertad de tránsito o el de la libertad económica, por nombrar los más resaltantes.



Ciertamente, si algunos usuarios pueden revisar y manejar sus cuentas bancarias y otros no, pareciera afectado el Artículo 21 de la Constitución que consagra la igualdad ante la ley: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Muchos dirán que aparte de que se ven obligados a ausentarse del país por la situación precaria que atraviesan, se les agrava su situación al impedírseles o cuando menos controlárseles el manejo de sus cuentas.

De igual modo, si a algunos usuarios bancarios se les impide revisar sus cuentas, surgen dudas ante la vigencia del Artículo 28 de la Constitución que consagra el derecho de acceder a la información y a los datos que consten en registros oficiales o privados:

“Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.

Adicionalmente, si solo pueden manejar electrónicamente sus cuentas aquellos usuarios bancarios que no salgan del país, sucede lo mismo con el Artículo 50 de la Constitución que consagra el derecho al libre tránsito.

“Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.



Las garantías fundamentales relativas a la libertad económica y a la propiedad privada también parecen verse afectadas. El Artículo 112 de la Constitución dispone que: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.

Por su parte, el Artículo 115 de la Constitución garantiza el derecho de propiedad, resaltando que “Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”, garantía que se vería en entredicho al prohibirse a algunos usuarios bancarios la libre disposición de sus haberes.

Y es que, en efecto, si una categoría de usuario bancario no puede disponer de sus haberes depositados legítimamente en la banca, se le está limitando el ejercicio de tales garantías económicas.

Si bien todos los derechos y principios constitucionales señalan que deben ser desarrollados y delimitados mediante la ley, es precisamente a través de este tipo de instrumento (leyes) que pueden ser regulados y no por medio de providencias administrativas o actos de carácter sub-legal no parlamentarios ni representativos del colectivo, como lo serían las circulares de la Sudeban. Por ello las instituciones bancarias deben estar revisando muy bien la puesta en práctica de dichas acciones y constatando con la Sudeban su modo de implementación.

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