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23 de septiembre de 2020, 18:29:47
Katalejo


Así fue como el Socialismo del Siglo XXI creó en Venezuela el monopolio de la pobreza

Por Santiago Olalquiaga

Por Santiago Olalquiaga (KonZ).- El Estado venezolano ha monopolizado la provisión de bienes y servicios fundamentales para la vida de los ciudadanos, y su administración corrupta e incompetente los ha empobrecido. Ahora, esta sociedad empobrecida debe encarar una crisis de salud global desde una posición infinitamente precaria. Esto debe hacernos reflexionar sobre la configuración del Estado: el Estado no debe monopolizar la provisión de bienes y servicios fundamentales, pues se corre el riesgo de una disfunción generalizada en la vida de las personas. Los servicios deben ser provistos a través de mercados, en los que el Estado se limite a un papel regulatorio.


Uno de los problemas definitorios a los que se enfrentan las sociedades es la forma que construyen para administrar la escasez. La mayoría de los bienes y servicios que consumimos –desde la gasolina que ponemos en el tanque hasta la comida que nos llevamos a la boca– son excluyentes: si tu compras un litro de combustible, otras personas no pueden consumirlo también. Por eso, una sociedad debe construir arreglos para decidir quién consume qué. El arreglo que hoy es casi ubicuo es el mercado: un espacio en el que se pueden intercambiar bienes y servicios libremente. Los mercados, sin embargo, no son arquitectura suficiente para una sociedad balanceada, por lo que su desarrollo ha ido acompañado de la construcción de otra forma de organización social: el Estado.

La esencia del Estado ha cambiado profundamente, y los Estados han venido expandiendo sus funciones durante los últimos dos siglos. Entre otras cosas, han tomado la responsabilidad de regular los mercados – especialmente aquellos donde operan monopolios, vale decir, donde hay un único vendedor– y a la economía en su conjunto.

También han tomado la responsabilidad de proveer algunos bienes y servicios importantes que son insuficientemente provistos por los mercados, y de intervenir en algunos aspectos para generar beneficios – por ejemplo, proveyendo seguros de desempleo y esquemas de pensiones, servicios de educación y salud, y regulando la contaminación o el sistema monetario.

¿Cuál es el problema de un Estado monopolizador? Que obliga a la sociedad a depender exclusivamente de la capacidad de un único grupo –aquellos que administran el Estado­– y somete la vida de todas las personas a la voluntad de ese grupo.

Sin embargo, no toda expansión de las funciones del Estado es igual: algunos Estados empiezan a concentrar responsabilidades en cada vez más áreas, desplazando a otras formas de organización social y, en muchos casos, haciéndose de monopolios en múltiples sectores. Estos son los Estados monopolizadores.

¿Cuál es el problema de un Estado monopolizador? Que obliga a la sociedad a depender exclusivamente de la capacidad de un único grupo –aquellos que administran el Estado­– y somete la vida de todas las personas a la voluntad de ese grupo. Esto resulta especialmente problemático si el Estado aglomera responsabilidades en áreas fundamentales para el funcionamiento básico de la vida y el bienestar de las personas. Adicionalmente, siendo el Estado el que tradicionalmente ha regulado la provisión de bienes y servicios, ¿quién regula al regulador cuando es él quien se hace de monopolios? La aparición de un Estado monopolizador podría ser un problema menor si la sociedad se gobierna a través de una democracia sólida, permitiendo remover a aquellos administradores del Estado que resulten incompetentes o maliciosos. Ese, sin embargo, no es el caso de Venezuela.

Esta es una de las raíces de los problemas de Venezuela: un Estado monopolizador que la sociedad no ha sido capaz de controlar. A su vez, es una de las razones por las que nuestra experiencia de la actual crisis de salud global está siendo marcadamente distinta de las de otras sociedades occidentales. Esto, pues más allá de la reconocida depauperación del sistema de salud pública venezolano y de su incapacidad para hacer frente a la epidemia de COVID-19, la población sufre la disfunción de una variedad de servicios fundamentales que han sido monopolizados por un Estado rapaz, dejándola en pésima posición para enfrentar esta crisis. Este es el resultado de un Estado que ha concentrado casi exclusivamente la provisión de bienes y servicios en una multitud de sectores, y que ha sido manejado durante las últimas dos décadas con la lealtad ideológica, la extracción corrupta de recursos y la incompetencia como criterios.

Enfermedad global – Problemas locales

Más difícil que mantener viva a una persona con dificultad respiratoria aguda y fallos en varios órganos en un hospital desprovisto de insumos, personal y equipos, es hacerlo cuando ese hospital no tiene electricidad. En Venezuela, sin embargo, la irregularidad del servicio eléctrico no es noticia. El recuerdo de tres apagones nacionales que sufrimos hace un año está fresco. Siguiendo ese episodio, las autoridades de facto colocaron a una parte importante del país bajo esquemas de racionamiento eléctrico que, según cálculos de Prodavinci, afectaron a 196 centros de salud. Más recientemente, el Comité de Afectados por los Apagones (un grupo que monitorea el servicio eléctrico) declaró que en 2019 registraron 87.260 fallas eléctricas en Venezuela, y que en enero y febrero de 2020 habían registrado 10.033. Esto significa que, en promedio, los venezolanos sufren 167 fallas de electricidad cada día. ¿Cuántas personas en soporte de vida han muerto a causa de la electricidad que se va, y cuántas más lo harán durante esta epidemia?

Del mismo modo, es imposible atender a pacientes de COVID-19 si los médicos no pueden llegar a los centros de salud por no tener gasolina. El mismo impedimento amenaza el abastecimiento alimenticio de las ciudades venezolanas: ¿cómo se transportarán alimentos si quienes los distribuyen están atrapados en interminables colas para comprar gasolina? El racionamiento de combustible en Venezuela ha crecido, pues las importaciones han caído en los últimos meses – sin embargo, esta dependencia es un fuerte contraste con el pasado, en el cual Venezuela no dependía de la importación para satisfacer el consumo local de gasolina y, de hecho, exportaba combustible. El deterioro de la industria petrolera en manos de un Estado monopolizador y rapaz ha forzado a Venezuela a importar combustible para venderlo localmente. Entre 2014 y 2018, por ejemplo, se importó combustible por un valor anual 6 veces superior al promedio de los 20 años precedentes. Esto, así como las colas de horas o días para comprar gasolina en todo el país, es una muestra del manejo incompetente de un Estado monopolizador.

Así como los profesionales médicos no pueden trabajar sin gasolina o electricidad, cada hogar venezolano enfrenta un reto en seguir hasta la más fundamental recomendación divulgada por la Organización Mundial de la Salud para combatir el SARS-CoV-2: ¿cómo se lavan las manos regularmente quienes no reciben agua corriente en sus casas? En una encuesta de noviembre de 2019, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) registró que 3 de cada 4 venezolanos no tiene un servicio constante de agua, y que más de 1 de cada 10 nunca recibe agua corriente por tubería. Esto no es un problema nuevo: de acuerdo a Prodavinci, en 2016 y 2017 los hogares venezolanos recibieron, en promedio, 2 días de suministro de agua corriente por semana. Con este servicio, ¿cuántos venezolanos pueden lavarse las manos regularmente con agua y jabón?

Las dificultades no terminan ahí. En este país, transitando aún una depresión que ha destruido incontables empresas y puestos de trabajo, ¿cómo pueden las compañías que quedan en pie suspender la presencialidad de sus actividades y trabajar de forma remota, cuando sus trabajadores son incapaces de acceder de forma estable a internet?

El Observatorio Venezolano de Servicios públicos, OVSP, en su encuesta de noviembre de 2019, encontró que casi 3 de cada 5 venezolanos no tiene acceso a servicio de internet fijo en sus hogares, y que 56% de quienes sí reciben internet lo consideran un servicio de mala calidad. De acuerdo a Ookla, un servicio web que mide la velocidad de internet, Venezuela tiene el segundo internet más lento de entre 175 países del mundo: para marzo de 2020, la velocidad promedio de descarga de internet en Venezuela era de 2,83 megabytes por segundo – una velocidad veintiséis veces inferior al promedio mundial, y 40% menor que la de Cuba.

Para la mayoría de los venezolanos que no tienen acceso a internet, sin embargo, la telefonía difícilmente representa un alivio. De acuerdo al OVSP, para noviembre de 2019 40% de los venezolanos reportaba fallas en el servicio de telefonía móvil todos los días, y para diciembre de 2018 casi la mitad de los venezolanos reportaba no tener acceso a servicios de telefonía fija. En otros países, el reto para las empresas y organizaciones educativas en esta pandemia es digitalizar sus sistemas de trabajo y docencia para continuar operando de la mejor manera posible; para nosotros, ese reto es un sueño inalcanzable.

Una sociedad empobrecida

Antes del Socialismo del Siglo XXI, muchos de estos servicios eran provistos en mercados más o menos libres por compañías propiedad de accionistas privados, administradas a criterio de éstos y sujetas a la regulación pública, pero el Estado monopolizador de los últimos 20 años destruyó esa configuración.

De ese modo, la rama ejecutiva del Estado se inmiscuyó directamente en la administración de PDVSA, empezando por la expulsión de casi 19.000 trabajadores y culminando, 18 años después, con los venezolanos haciendo colas de varios días para comprar gasolina.

De ese modo, las empresas de propiedad pública y privada que coexistían en la provisión de electricidad en Venezuela fueron absorbidas por el Estado y aglomeradas bajo CORPOELEC en 2007, desencadenando el deterioro por el cual hoy casi 3 de cada 4 venezolanos sufra apagones todas las semanas, y 1 de cada 4 los sufre todos los días, varias veces al día.

Y de ese modo, la CANTV regresó a manos del Estado en 2007, para acabar sumiendo a los venezolanos en la incomunicación generalizada de hoy.

Este país, carente no sólo de insumos y personal médico, sino de electricidad, combustible, agua corriente, telecomunicaciones y tantas otras cosas, es el legado de dos décadas de un Estado que ha monopolizado la provisión de bienes y servicios fundamentales para la vida de los venezolanos, poniéndolos en manos corruptas e incompetentes – este ha sido el camino que nos ha empobrecido como sociedad.

La pobreza es un fenómeno más amplio que la cantidad de ingresos de las personas. En este sentido, el economista Amartya Sen propuso un esquema para pensar en la pobreza que concibe la vida como un conjunto de posibilidades, y considera la capacidad que las personas tienen para materializar esas posibilidades como una medida de la calidad de vida. Así, podemos pensar en la pobreza como las privaciones que limitan la capacidad de las personas para materializar las posibilidades de sus vidas. Pensando de este modo, es fácil ver que el afán monopolizador del Estado venezolano ha limitado las capacidades de los ciudadanos para acceder a higiene y saneamiento, transportarse, disfrutar de los beneficios de la electricidad, comunicarse entre sí, estar informados, y para tantas otras cosas. El Estado monopolizador ha cercenado nuestras capacidades, y ha reducido nuestra calidad de vida. En otras palabras, nos ha empobrecido a todos.

Esta sociedad depauperada –que sufre en promedio 167 fallas eléctricas al día, que tiene la segunda velocidad de internet más lenta del mundo, y cuyos hogares no tienen acceso a agua corriente de forma regular– es la que ahora debe hacer frente a una crisis de salud pública global. Es con este Estado –y con este estado de servicios básicos– que los venezolanos necesitamos preguntarnos cómo superaremos esta crisis.

Sin embargo, debemos llegar más allá: siendo una sociedad que literalmente no puede mantener las luces encendidas o el agua fluyendo, ¿cómo encararemos las próximas crisis que eventualmente llegarán? ¿Cómo enfrentaremos la crisis medioambiental que, aunque menos violenta que el COVID-19, puede ser mucho más disruptiva? ¿Qué haremos ante nuevas tecnologías y formas cada vez más avanzadas de inteligencia artificial, que harán cada vez más irrelevantes los trabajos a los que estamos acostumbrados?

El empobrecimiento profundo que hemos sufrido a manos de un Estado monopolizador no hará que las circunstancias se apiaden de nosotros; muy al contrario, nos deja en una posición infinitamente precaria para hacer frente a la pandemia global del COVID-19, y a los problemas futuros que nos toque enfrentar.

Más allá de un cambio político, para sobrevivir como sociedad, necesitamos reflexionar sobre las formas que consideramos válidas para enfrentar ese reto fundamental de administrar la escasez. Un Estado monopolizador que controla todos los servicios fundamentales para la vida –y que puede entregar la administración de todos esos servicios a un único grupo de personas que actúan en contra del bien común– no es una solución deseable. La provisión de estos bienes y servicios fundamentales debe organizarse a través de mercados, donde interactúen grupos heterogéneos de consumidores y productores sujetos a la regulación de un Estado que no tenga participación directa en esos mercados. De lo contrario, aunque cambien las caras, seguiremos siempre condenados a la profunda pobreza en la que este experimento de reorganizar nuestra sociedad nos ha sumido.

Referencias

Amartya Sen. The Concept of Development (Handbook of Development Economics). Elsevier, 1998.

Amartya Sen. Development as Capability Expansion (Readings in Human Development). Oxford University Press, 2003.

Jean Tirole. Economics for the Common Good. Princeton University Press, 2019.

Transparencia Venezuela. Empresas Propiedad del Estado, Parte II: Un Modelo de Control (Resumen Ejecutivo). 2018.

Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Boletín Informativo N° 5 – Noviembre de 2019.

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