Zenaida Amador (ALnavío).- El tejido de ilegalidades que sostienen la institucionalidad venezolana abrió este martes una nueva rama de conexiones a través de las cuales el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro nombró presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, quien en enero pasado se impuso en ese cargo en un acto írrito, por la fuerza y sin el respaldo de la mayoría parlamentaria requerida, tratando de quitarle el piso a la presidencia interina de Juan Guaidó. Y, más allá de esto, perfilando un Parlamento a la medida para crear las condiciones para un eventual proceso electoral que Maduro no está dispuesto a perder.
Neutralizar la Asamblea Nacional (AN) ha sido un objetivo difícil de cumplir para Nicolás Maduro desde diciembre de 2015, cuando una derrota electoral le quitó el control del Poder Legislativo. Al conocer los resultados de esas elecciones, y antes de que asumieran los nuevos diputados, el chavismo hizo las designaciones de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordes con su línea política, evitando así que la escogencia fuera debatida y votada en una AN de mayoría opositora.
Esos mismos magistrados se dedicaron desde entonces a dejar sin efecto las decisiones que adoptaba la AN y emprender acciones para poner en entredicho la legitimidad del Legislativo, a la vez que han servido para actuar directamente en contra de diputados de oposición. Incluso en 2017 intentaron asumir funciones legislativas, pero fue tal el estallido social del momento que dejaron sin efecto la medida. Así que han tenido que lidiar con el hecho de que la AN es vista por el mundo como la única institución democrática de Venezuela, lo que le ha vuelto cuesta arriba a Maduro la tarea en su contra.
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