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ONU da un año a Venezuela para acabar con la provisionalidad en el Poder Judicial

jueves 23 de julio de 2015, 17:30h
Por Redacción.- El Comité de Derechos Humanos emitió hoy sus recomendaciones, tras evaluar a finales de junio al Estado en materia de Derechos Civiles y Políticos; y en él también instruyó a las autoridades a erradicar la práctica de la tortura y a garantizar plenamente el derecho a la manifestación.
Por Redacción.- En Naciones Unidas parecen haber perdido la paciencia con la situación de provisionalidad en la que se encuentran en la inmensa mayoría de los jueces, fiscales y defensores públicos; y con las constantes promesas de las autoridades de que están trabajando para ponerle fin a esto, las cuales no terminan materializándose; y por ello le dio un año para resolver esta situación.

La información figura en el informe que el Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral emitió hoy, el cual contiene las 31 recomendaciones al Estado que esa instancia le formuló tras evaluar a finales de junio pasado la situación de los Derechos Civiles y Políticos en el país.

“El Comité continúa preocupado por la situación del Poder Judicial en el Estado parte, particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad. Observa con preocupación que sólo el 34% de los jueces son titulares, lo que significa que el resto se encuentra en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”, se lee en el documento publicado hoy en Ginebra (Suiza).

Desde 2007 en Venezuela no se celebra un solo concurso de oposición para ingresar a la carrera judicial, pese a que este es un mandato constitucional. Desde entonces la cifra de jueces provisorios no ha hecho sino crecer, haciendo que hoy la mayoría puedan ser designados o destituidos por la Comisión Judicial del TSJ sin necesidad de ningún procedimiento previo.

El mismo lapso de tiempo le dio la instancia a las autoridades judiciales para que “se resuelva la situación judicial de la juez (María Lourdes) Afiuni”, que esto se produzca dentro del “marco de un juicio justo, independiente e imparcial” y para que se investiguen sus denuncias de abusos sexuales y malos tratos.

Un año también tienen los funcionarios para erradicar la tortura y garantizar que el derecho a la manifestación se respete plenamente en Venezuela. Sobre este último asunto, instruyó al Gobierno, a “garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares”.

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