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TSJ revisará la Ley con la que se ha drenado al empresariado aragüeño

lunes 27 de julio de 2015, 17:21h
Por Redacción.- La reforma a la Ley estadal de Timbre Fiscal elevó hasta en 30.000% las tasas que los empresarios y comerciantes deben cancelar para solicitar algún permiso al Gobierno regional y gracias a ella varias empresas fueron cerradas nada más entrar en vigencia en 2012.
Por Redacción.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisará si la reforma de la Ley de Timbre Fiscal del estado Aragua de 2012 se ajusta al espíritu y letra de la Constitución de 1999.

La Sala Constitucional la semana pasada admitió a trámite la demanda que en octubre de 2012 interpusieron representantes de la Cámara de Comercio y Producción de Cagua y Santa Cruz del estado Aragua (Camcagua), de la Cámara de Comercio y Turismo de la Colonia Tovar (Camcoltov) y de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) contra el texto que aprobó la mayoría chavista del Consejo Legislativo de Aragua, el cual elevó hasta en un 30 mil por ciento las tasas por trámites tales como los permisos de bomberos, de habitabilidad, de uso conforme y la licencia de actividades económicas, porque fijó que el monto a pagar sería calculado en base a la Unidad Tributaria y la cantidad de metros cuadrados que tenga la instalación.

Para obtener un permiso para el transporte de agua potable en camiones cisternas se deben pagar una unidad tributaria, mientras que se deben pagar cinco por uno para operar un sistema de depuración de aguas residuales, diez deben pagarse por inspecciones a vehículos y calderas; y algunos de esos trámites deben renovarse anualmente.

Los denunciantes sostienen que el texto viola la Carta Magna pues crea tributos, lo cual no le está permitido a las regiones, al menos mientras que no se apruebe la Ley de Hacienda Pública Estadal. Asimismo afirmaron que “usurpa competencias que corresponden al Poder Público Municipal” al pechar servicios que son prestados por los municipios; y vulnera el principio de la no confiscación de los bienes al fijar un método para establecer los montos cancelar muy oneroso para las empresas.

La norma en sus primeros días de aplicación trajo consigno el cierre de dos empresas, según denunciaron en su momento empresarios de la zona.

Pese a la gravedad de los señalamientos y a que aceptó revisarla la Sala Constitucional rechazó suspenderla mientras la analiza. ¿La razón? “En el presente asunto existe una identidad entre las denuncias esgrimidas como fundamento de la nulidad de las normas impugnadas y los argumentos expuestos en la medida cautelar, lo que presupone que para poder emitir un pronunciamiento respecto de lo planteado con ocasión de la suspensión de efectos requeriría prejuzgar sobre el fondo del asunto debatido”, replicó.

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