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TSJ da otro varapalo a la libertad sindical

martes 28 de julio de 2015, 09:59h
Por Redacción.- La Sala Constitucional anuló un fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que en 2011 ordenó el reenganche de unos sindicalistas despedidos del Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) por denunciar irregularidades con unas dragas en 2005 en contratos a favor de Cuba.
Por Redacción.- En la calle. Allí seguirán Ninoska Meléndez, Rannefer Valbuena, Julián Inciarte, Joaquín Soto, Marilyn Navas y Favio Rivas, los directivos del Sindicato Autónomo de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Canalizaciones (Saepinc) despedidos por denunciar en 2005 irregularidades en el organismo encargado de velar por la navegabilidad de puertos y ríos, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló un fallo que declaraba ilegal su despido y ordenaba su reincorporación.

En el dictamen redactado por la magistrada Luisa Estella Morales se acusa a la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenó el reenganche de los sindicalistas, de haberle violado al Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, “al haber incurrido en el vicio de silencio de pruebas”, por no pronunciarse en relación con unos elementos presentados por los abogados del organismo público para sustentar su señalamiento de que los sindicalistas habrían sido despedidos por injuriar a la institución con sus denuncias.

Meléndez, Valbuena, Inciarte, Soto, Navas y Rivas denunciaron a lo largo de 2005, en distintos medios de comunicación regionales, supuestas irregularidades en la adjudicación de sendos contratos por más de tres millones de dólares a Cuba para repotenciar unas dragas utilizadas para garantizar el tráfico fluvial en el río Orinoco (Bolívar). Desde el INC se calificó estas afirmaciones como “injuriosas” y por ello lo destituyeron aplicando el artículo 86.6 de la Ley de Estatuto de la Función Pública.

Para la Corte los despidos fueron una retaliación por sus declaraciones y por eso los anuló. Asimismo negó que las mismas se puedan considerar injurias afirmando:  “Tales declaraciones no pueden valorarse en sentido de infamar, injuriar o mal poner los intereses de la institución por el hecho de estar frente a la opinión pública, sino que debe evaluarse desde una óptica más flexible, como lo es el deber que tuvieron los querellantes de vigilar porque sus agremiados prestasen servicios en condiciones de seguridad, así como también el ejercicio del derecho-deber que tenían como ciudadanos de proteger el patrimonio público, el medio ambiente y el de convocar la contraloría social y demás órganos del Estado competentes para que iniciaran una investigación sobre la situación planteada, ello porque la colectividad tiene el derecho constitucional a que sus autoridades y representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión”.

El juzgado justificó su decisión en el hecho de la condición de sindicalista de los afectados. Sin embargo, la Sala Constitucional desechó ambos alegatos y recordó su jurisprudencia, según la cual “la libertad de expresión debe respetar el derecho de los demás. En un sentido amplio, ninguna persona natural o jurídica puede ser dañada en forma arbitraria por la expresión de otro (…) la libertad de expresión utilizada para disminuir la moral pública, también puede generar responsabilidad de quien la expresa”.

Este fallo sustenta las afirmaciones de la organización Un Estado de Derecho, la cual en su informe de finales de 2014 concluyó que la Sala Constitucional jamás falla contra los intereses del Gobierno y si algún otro tribunal lo hace ella deja sin efecto ese dictamen.

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