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La justicia no investigará a presuntos responsables de la violación de Afiuni

miércoles 29 de julio de 2015, 09:59h
Por Redacción.- A petición del Ministerio Público, el Tribunal 1 de Control de Los Teques desechó la denuncia que en noviembre de 2010 la suspendida Jueza 31 de Control de Caracas formuló contra la Directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) por abuso contra detenidos y denegación de socorro.
LUISA ORTEGA2__Por Redacción.- El Ministerio Público parece estar interesado sólo en demostrar que la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, mintió cuando denunció que fue abusada sexualmente mientras estuvo detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y no en dar con los responsables de ese abuso ni con quienes lo encubrieron. Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al ver el comportamiento del despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz en este caso.

El 7 de julio desde el Ministerio Público se filtraba la información de que la fiscal 37 nacional, Marelys Yovera, le solicitaría al Tribunal 17 de Juicio de Caracas que a la funcionaria, acusada de favorecer la evasión del exbanquero Eligio Cedeño en 2009, se le practicara una prueba grafotécnica para comprobar si firmó o no una supuesta acta en la que aseguraba estar bien en la cárcel de mujeres. Esto luego de que Afiuni desmintiera a Ortega Díaz quien días antes, frente al  Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, negó los señalamientos de la funcionaria.

Sin embargo, ese mismo día 7 de julio, el Tribunal 1 de Control de Los Teques declaraba con lugar una petición que los fiscales Elvis Rodríguez y Rafael Zanatty le formularon para desechar la denuncia que la suspendida jueza formuló sobre el abuso que habría sufrido.

El juez Josue Silverio Alejos suscribió el auto mediante el cual se engavetó el caso contra la directora del INOF, Isabel González, a quien Afiuni señaló de permitir los vejámenes que sufrió y de no brindarle ningún tipo auxilio.

Durante años el despacho de Ortega Díaz negó que tuviera en su poder la denuncia que los fiscales Rodríguez y Zanatty pidieron desechar al tribunal y por ello luego de la publicación del libro “La presa del comandante”, de Francisco Olivares, en 2012, insistió que Afiuni formalizara el señalamiento contenido en el mismo.

La decisión judicial, según afirmó la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, es contraria al artículo 29 de la Constitución, el cual prevé: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

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