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¿Qué significa el pago de impuestos con moneda extranjera y criptodivisas?

miércoles 09 de enero de 2019, 08:49h
Por Andrés F. Guevara B.(@Rendivalores).- En principio, no hay novedad. La tradición jurídica venezolana tiene historia reconociendo la legalidad de obligaciones en moneda extranjera en nuestra jurisdicción. De forma imperfecta, eso sí, y muchas veces con el resquemor que impide el libre flujo del capital. El tema de fondo es que tal vez sin proponérselo expresamente, el gobierno de Maduro teje el camino para el abandono del bolívar, cada vez más golpeado.
Maduro se aleja del bolívar / Twitter: @PresidencialVen
Maduro se aleja del bolívar / Twitter: @PresidencialVen

La política fiscal y monetaria conducida por el gobierno de Nicolás Maduro sigue dando de qué hablar, si es que, en su justa medida, podemos seguir hablando de una política económica que cuente con algún tipo de coherencia y sustentabilidad, más allá del sempiterno canto de la planificación centralizada.

La administración está consciente. Sabe que las cosas no pueden seguir como van y por eso inventa nuevos caminos, ya trillados, en su procesión cambiaria. Pero avanza y recula. Deroga convenios y leyes, pero en la práctica se niega a transitar el camino de la libre convertibilidad. Al final, para la ortodoxia del régimen el control se impone.

La hiperinflación ha traído consigo la adopción informal de otras monedas para la ejecución de transacciones económicas en Venezuela. Pero debe subrayarse la palabra “informal”. La inmensa mayoría de estas transacciones en moneda extranjera se hace con dinero en efectivo o a través de cuentas de bancos extranjeros. El sistema financiero poco o nada interviene en estas operaciones. Ningún banco venezolano recibe o emite dólares. Ninguna tarjeta de crédito o débito pasa por montos denominados en moneda extranjera.

Dentro de este contexto es que debe evaluarse el Decreto No. 3.719 promulgado por el Ejecutivo Nacional, publicado en la Gaceta Oficial No. 6420 Extraordinario. El instrumento legal obliga a los llamados sujetos pasivos que efectúen operaciones en el territorio venezolano con moneda extranjera o “criptodivisas”, a determinar y pagar las respectivas obligaciones tributarias nacionales en el mismo instrumento de pago empleado en sus transacciones.

En principio, no hay novedad. La tradición jurídica venezolana tiene historia reconociendo la legalidad de obligaciones en moneda extranjera en nuestra jurisdicción. De forma imperfecta, eso sí, y muchas veces con el resquemor que impide el libre flujo del capital. El tema de fondo es que tal vez sin proponérselo expresamente, elGobierno teje el camino para el abandono del bolívar, cada vez más golpeado.

La hiperinflación ha traído consigo la adopción informal de otras monedas para la ejecución de transacciones económicas en Venezuela. Pero debe subrayarse la palabra “informal”. La inmensa mayoría de estas transacciones en moneda extranjera se hace con dinero en efectivo o a través de cuentas de bancos extranjeros. El sistema financiero poco o nada interviene en estas operaciones. Ningún banco venezolano recibe o emite dólares. Ninguna tarjeta de crédito o débito pasa por montos denominados en moneda extranjera.

El resultado no es otro que operaciones al margen de la formalidad. Y ello castiga al Gobierno, castiga larecaudación, empobrece al fisco voraz, cada vez más necesitado de recursos por su despilfarro estatista.

El Decreto No. 3.719 intenta paliar esta situación, y tomar acción frente a una práctica que, por la vía de los hechos ya ha cobrado vida. Muestra de ello se dio en el estado Zulia, cuando en la última sesión de 2018 la Cámara Municipal de Maracaibo estableció el pago de impuestos tomando como base de cálculo el “Petro”. La medida trajo cola e incertidumbre. Porque el Petro no termina de arrancar, se anuncia y se va. Se prueba y desvanece. Se mide de distintas formas para distintas cosas. Y simplemente, el dinero no funciona así. Se requiere homogeneidad, confianza, certeza y precisión para garantizar los intercambios.

Pero los obstáculos son numerosos. ¿Se permitirá a la banca e instituciones financieras, abiertamente, operar con moneda extranjera, más allá de las deficientes cuentas en divisas que permite el actual sistema cambiario? ¿Se dará el brazo a torcer y reconocerá la inviabilidad de las “criptodivisas” auspiciadas por el Estado? ¿Se corregirán los vicios legales y constitucionales y de técnica legislativa que adolece el Decreto No. 3.719? Como están las cosas, creemos que no. Continúa la incertidumbre y el naufragio.