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Qué harán los acreedores de Venezuela después del mega apagón

jueves 14 de marzo de 2019, 18:15h
Por José Manuel Rotondaro.- Recientes eventos, incluyendo las consecuencias a mediano y largo plazo del mega apagón están obligando a los acreedores de Venezuela a evaluar sus opciones frente a un deudor que no paga sus obligaciones desde hace meses.
Foto: KonZapata
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La mayoría de los tenedores de bono hasta ahora ha optado por una actitud pasiva. Entendiendo que un proceso de reestructuración es prácticamente imposible bajo las limitantes que imponen las sanciones financieras de Estados Unidos, han preferido esperar un desenlace de la situación política. Similar actitud han adoptado los acreedores ‘amigos’, fundamentalmente gobiernos y empresas estatales de China y Rusia.

Pero la heterogeneidad entre los acreedores así como la ausencia de un mecanismo formal de negociación conjunta, se está traduciendo en divergencias significativas en las estrategias.

Sin embargo dos eventos están obligando incluso a los acreedores más pacientes a revaluar su estrategia. Por un lado, el descenso de la producción de petróleo en Venezuela se ha prolongado más allá de lo previsible, reduciendo la relación ingresos potenciales / servicio de la deuda. Por el otro lado, el mega apagón develó que el problema de la Venezuela de Nicolás Maduro no es solamente de flujo de ingresos sino también de insuficiencia patrimonial, expresada en el deterioro de la infraestructura básica del país.

Por un lado están las empresas no financieras, fundamentalmente petroleras y mineras, que han optado - desde hace años - por demandar a la República en tribunales externos o internacionales. Algunas han podido recuperar parte de lo adeudado luego de fallos a su favor, frente a los cuales el gobierno ha optado por cancelar, al menos parcialmente.

Otros acreedores, especialmente fondos especializados en activos ‘en dificultades’, los llamados ‘fondos buitres’, también han optado por demandar al gobierno o a PDVSA, hasta ahora sin resultados ni en lo jurídico ni en lo financiero. Esto ha generado malestar entre los acreedores tradicionales que temen que la actitud de los fondos buitres complique una eventual negociación con este gobierno o un previsible reemplazo.

Para los acreedores tradicionales, las acciones judiciales de petroleras o mineras son menos importantes pues reconocen la obligación de sus administradores de demostrar activamente están tratando de recuperar dinero que les corresponde. Pero el acreedor financiero tiene una visión de largo plazo. El negocio no está sólo en recuperar el dinero prestado sino mantener las relaciones económicas con Venezuela en el largo plazo.

Sin embargo dos eventos están obligando incluso a los acreedores más pacientes a revaluar su estrategia. Por un lado, el descenso de la producción de petróleo en Venezuela se ha prolongado más allá de lo previsible, reduciendo la relación ingresos potenciales / servicio de la deuda. Por el otro lado, el mega apagón develó que el problema de la Venezuela de Nicolás Maduro no es solamente de flujo de ingresos sino también de insuficiencia patrimonial, expresada en el deterioro de la infraestructura básica del país.

El aliciente principal de Venezuela como deudor descansa en el potencial que significa las reservas probadas. Los acreedores han venido incluyendo en sus modelos de evaluación la inversión que requiere PDVSA para recuperar los niveles de producción de crudo de hace 10 años, 4 millones o más de barriles diarios.

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Pero en estos momentos hay que agregar a la inversión en el área petrolera, los fondos que requerirá el país para restablecer una capacidad de generación de electricidad y de suministro de agua, como mínimo. En estos momentos se desconoce si el apagón y la forma como han venido tratando de solucionarlo han causado daños severos en las instalaciones que obligue a su reposición o reparación.

A estos factores se agrega la evidente pérdida de capital humano en áreas claves vinculadas con los servicios básicos. También entra en los cálculos de los acreedores la necesidad que tendrá este gobierno y su eventual sucesor en destinar una porción de los ingresos fiscales a satisfacer las necesidades básicas de la población, hasta tanto el sector privado pueda restituir su capacidad de abastecer al país de alimentos, medicinas y otros bienes y servicios.

Todo esto se traduce en que aún en el escenario más optimista, en los próximos 5-10 años el ingreso petrolero no será suficiente para cubrir las demandas de recursos antes descritas, por lo que no quedará fondos remanentes para servir la deuda actual.

Por supuesto, un eventual cambio de gobierno puede abrir las puertas a ayuda internacional, como donación o como préstamos blandos a largo plazo, así como la remoción de las sanciones económicas actuales. Sin embargo es poco probable que aún contando con este apoyo internacional, los acreedores puedan aspirar siquiera a lograr un flujo de pagos cónsono con el nivel de la deuda externa.

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Todo esto apunta a que quizás algunos de los acreedores menos optimistas opten por tratar de capturar una porción de los activos internacionales de la Nación, antes que se adelanten otros. La perspectiva de una negociación con actores tan diversos e intereses algunas veces divergentes permiten vaticinar un proceso de reestructuración largo, tortuoso y de incierto desenlace, aún presumiendo una actitud proactiva y seria de los interlocutores en un futuro gobierno venezolano.