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Por qué Guaidó busca a un súper experto para el problema de la mega deuda que deja el chavismo

martes 21 de mayo de 2019, 15:40h
Por José Manuel Rotondaro.- Muchos venezolanos se deben estar preguntando qué hay detrás del anuncio de que Lee C. Buchheit asesorará a Juan Guaidó en materia de deuda. Una deuda que supera los 160.000 millones de dólares. La decisión difundida un domingo ocurre en un ambiente pesado dados los cuestionamientos por sectores de la oposición a la decisión de la Asamblea Nacional, a instancias de Guaidó, de autorizar a la junta paralela de PDVSA a cancelar los intereses del bono que vence en 2020.
Lee C. Buchheit tiene un As bajo la manga para la deuda externa de Venezuela / Foto: Captura de Youtube
Lee C. Buchheit tiene un As bajo la manga para la deuda externa de Venezuela / Foto: Captura de Youtube

El nombramiento como asesor de Buchheit, seguramente a instancias de Ricardo Hausmann, no debería generar una reacción negativa, al menos para quienes conocen la trayectoria de este abogado estadounidense especializado en negociaciones de deuda.

Desde hace varios años Buchheit ha venido planteando la necesidad de repensar el marco jurídico de la deuda soberana y, específicamente, la estrategia de negociación que deben seguir los gobiernos que enfrentan una reestructuración de su deuda externa.

El abogado lideró por varias décadas hasta su retiro a inicios de este año, el departamento encargado de asesorar a gobiernos de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Esta firma, como asesor del gobierno argentino, destacó durante la prolongada lucha contra las decisiones del juez estadounidenseThomas Griesa que favorecieron a los llamados fondos buitres en la disputa sobre el impago de la deuda del país austral.

Buchheit ha venido planteando reiteradamente que la cláusula conocida como “pari passu”, incorporada en muchos de los bonos emitidos en mercados internacionales, ha venido siendo interpretada erróneamente, en el sentido de que un deudor (por ejemplo un gobierno) tiene que ofrecer iguales condiciones de pago a los distintos acreedores.

Orden Ejecutiva creando un mecanismo de accioìn colectiva, mediante la cual el presidente de los Estados Unidos declare que “la situacioìn, despueìs del gobierno de Maduro, es de emergencia nacional y materia de intereìs para la seguridad nacional y la poliìtica internacional de los Estados Unidos”. Esta orden debería permitir “a todos los acreedores norteamericanos votar como una uìnica clase en relacioìn a una propuesta de reestructuracioìn negociada y que el voto afirmativo de la mayoriìa calificada especificada de tales acreedores sea vinculante para la totalidad de acreedores de la misma clase, obligaìndolos a cumplir los teìrminos de la reestructuracioìn.” Adicionalmente contemplaría bloquear o restringir el uso de la vía judicial para embargar activos venezolanos en contradicción a los acuerdos de reestructuración logrados.

También ha venido recomendando la incorporación de cláusulas en los contratos de deuda que aseguren que un acuerdo de restructuración de un deudor con una porción representativa de acreedores, sea de obligatorio cumplimiento para todos, incluso para aquellos que se opusieron al acuerdo.

Claramente cualquier ejercicio de renegociación de la deuda venezolana, posterior a un cambio de gobierno, se beneficiaría de esas condiciones. Más importante para Guaidó y los venezolanos, es que desde el año pasado Buchheit ha venido exponiendo lo que a su juicio sería la mejor estrategia para Venezuela.

En un paper titulado “Restructuracioìn de Deuda Soberana y el Poder Ejecutivo Norteamericano” publicado en el Capital Markets Law Journal, conjuntamente con Mitu Gulati, profesor de Duke University, coloca a Venezuela como un claro ejemplo de cómo acciones de terceras partes, sean estas las Naciones Unidas o el gobierno de Estados Unidos, pueden crear las condiciones necesarias para que un país logre una reestructuración de su deuda en forma beneficiosa no sólo para el país deudor sino para la mayoría de sus socios comerciales.

Destacan Buchheit y Gulati en su escrito que Venezuela tiene un universo excepcionalmente diverso de acreedores -instituciones financieras, empresas, gobiernos, personas- y de tipos de deudas -bonos, préstamos, facturas pendientes, pagos por laudos arbitrales perdidos, derechos por conversión de divisas no honrados- que hace cualquier reestructuración especialmente compleja.

Alertan los autores que tanto el monto de la deuda como el número de acreedores puede aumentar una vez que se conozcan transacciones que el régimen de Nicolás Maduro actualmente mantiene bajo secreto.

Recalcan que el carácter de país monoexportador y la sustancial proporción de esas exportaciones que tradicionalmente han ido a los Estados Unidos, hacen extremadamente vulnerable a la economía venezolana a acciones judiciales por parte de acreedores como los fondos buitres, quienes aún representando una pequeña proporción del universo de acreedores pueden lograr incautar gran parte o todo el flujo de ingresos del país.

El efecto de las sanciones impuestas este año por los Estados Unidos confirman esa apreciación.

¿Qué proponen Buchheit y Gulati?

En su escrito los autores comentan sobre la experiencia de Iraq luego de la invasión de fuerzas lideradas por Estados Unidos en 2003. La resolucioìn 1483 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas protegioì los activos iraquiìes de cualquier accioìn judicial de embargo por acreedores. Eso permitió que “la reestructuracioìn de la deuda de Iraq fuera, al mismo tiempo, particularmente dura con los acreedores y particularmente exitosa. Sus teìrminos requirieron una condonacioìn del 80% del capital pendiente e intereses acumulados junto con la extensioìn considerable del periìodo de repago del remanente.”

Citan los autores otros antecedentes como una orden presidencial durante el gobierno de Ronald Reagan en 1981 que paralizó embargos contra activos iraníes como parte del acuerdo para la liberación de los rehenes en Irán.

Más recientemente, el documento hace referencia a la Ley para el Control, Gerencia y Estabilidad Econoìmica de Puerto Rico, mediante la cual el Congreso de los Estados Unidos “impuso tanto una suspensioìn temporal de todas las demandas por deudas, y sancionoì un mecanismo de accioìn colectiva que protegiìa la totalidad de la deuda puìblica de Puerto Rico”.

Dados estos antecedentes y la situación venezolana, Buchheit y Gulati exponen cuatro opciones para una reestructuración:

Una resolucioìn del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas similar a la de Iraq en 2003. Esta posibilidad la consideran remota porque ese cuerpo deberá definir que la situación venezolana representa una “amenaza a la paz y la seguridad internacional” y, crucialmente, requeriría la improbable aquiescencia de Rusia y China, ambos acreedores significativos y con intereses geopolíticos en el país.

Una Orden Ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos protegiendo los activos venezolanos, pero esta decisión sólo cubriría activos en ese país. Aun cuando esta medida pudiera ser replicada por otros países, siempre quedarían activos descubiertos en jurisdicciones que no se adhieran. Dadas las acciones del régimen de Maduro para eludir las sanciones que varios países han impuesto, es posible que existan activos con montos sustanciales en países que no se adhieran.

Un Acuerdo Presidencial de los Estados Unidos mediante el cual ese gobierno se abrogaría “la responsabilidad de negociar un acuerdo de conciliacioìn” entre demandantes norteamericanos y el gobierno de Venezuela. Los autores ven pocas posibilidades que esta vía sea implementada por Washington pues choca con las posiciones que tradicionalmente ha adoptado Estados Unidos a interponerse en negociaciones de privados con un soberano extranjero.

Orden Ejecutiva creando un mecanismo de accioìn colectiva, mediante la cual el presidente de los Estados Unidos declare que “la situacioìn, despueìs del gobierno de Maduro, es de emergencia nacional y materia de intereìs para la seguridad nacional y la poliìtica internacional de los Estados Unidos”. Esta orden debería permitir “a todos los acreedores norteamericanos votar como una uìnica clase en relacioìn a una propuesta de reestructuracioìn negociada y que el voto afirmativo de la mayoriìa calificada especificada de tales acreedores sea vinculante para la totalidad de acreedores de la misma clase, obligaìndolos a cumplir los teìrminos de la reestructuracioìn.” Adicionalmente contemplaría bloquear o restringir el uso de la vía judicial para embargar activos venezolanos en contradicción a los acuerdos de reestructuración logrados.

Esta última opción es la que los autores consideran más viable para una eventual reestructuración de la deuda venezolana. Pero resaltan que es un “requisito sine qua non (...) que se produzca primero un cambio en el actual gobierno venezolano (encabezado por el Presidente Nicolaìs Maduro) o bien un cambio radical en las poliìticas puìblicas de dicho gobierno.”

Con la incorporación de Buchheit a su equipo de asesores, Guaidó obtiene el apoyo de una persona con una larga experiencia en renegociaciones de deuda externa. Son muy pocos los venezolanos aún activos con experiencia en ese tipo de proceso. Contar con esa experiencia, que abarca no sólo lo formal sino también los aspectos sutiles de enfrentar en una mesa a los representantes de los acreedores, será clave para lograr un resultado positivo para todos los venezolanos.