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La lucha por Citgo y por el bono PDVSA 2020 puede coronar en un viernes de gloria

miércoles 13 de noviembre de 2019, 20:00h
Por Juan Carlos Zapata (KonZ).- Este viernes puede ser crucial para Juan Guaidó, Citgo, el bono 2020 y la junta directiva ad hoc de PDVSA, la designada por el presidente de la Asamblea Nacional. Este viernes puede ser crucial porque la jueza Katherine Polk Failla del juzgado del distrito sur de Nueva York que lleva el caso de la demanda de nulidad del contrato del bono 2020 de PDVSA espera respuesta de los tenedores del papel para ver si se acogen a una tregua de un año. La propuesta fue iniciativa de la propia jueza. La hizo a los abogados de MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC en la audiencia llevada a cabo el viernes de la semana pasada. Ocho días clave. El plazo expira pasado mañana.
José Ignacio Hernández: “Este viernes se puede llegar a un arreglo” / Foto: @AsambleaVE
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José Ignacio Hernández: “Este viernes se puede llegar a un arreglo” / Foto: @AsambleaVE

El tribunal quiere que las partes negocien. El equipo de Guaidó ha demandado la nulidad del contrato de los bonos 2020. Los abogados de los tenedores se defienden señalando que mal pueden demandar pues con otras acciones han reconocido la validez del contrato. Una de esas acciones fue pagar los intereses que vencieron en abril de 2019. El equipo de Guaidó ha argumentado que pagaron bajo protesto, pues desde que se procedió con la operación, en 2016, ya la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición desde entonces, se había advertido de la ilegalidad. Y se pagó para ganar tiempo. En abril, el equipo no contaba con herramientas para iniciar un pleito. Porque en este caso no sólo hay que enfrentar a los abogados de los tenedores sino también a los abogados del régimen de Nicolás Maduro que, por cierto, son de alto nivel en los Estados Unidos.

La exhortación a este paso por parte de la jueza significa que el tribunal ha entendido el problema geopolítico, dijo en una reunión privada con los embajadores de Guaidó en Europa, el Procurador Especial, José Ignacio Hernández. KonZapata se enteró por fuentes secundarias. Hernández, designado por Guaidó, es el encargado de atender los juicios de Venezuela en el exterior. El del bono de 2020 de PDVSA es el más polémico. Y un juicio histórico. “Nos estamos enfrentando a un poder económico muy grande”, dijo el Procurador.

En principio el equipo de Guaidó propuso que el plazo del proceso fuera de dos meses. Los abogados de los tenedores dicen que el plazo es corto para preparar toda la batería de pruebas. La jueza solicita suspender el juicio un año y darse ese margen para negociar.

Los bonos 2020 de Petróleos de Venezuela, PDVSA, tienen como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, filial de PDVSA, y a su vez el activo más importante de Venezuela en el exterior y en los Estados Unidos. El contrato señala que si los bonos no se pagan los tenedores pueden quedarse con la empresa. Pero el gobierno de Donald Trump dictó una medida de protección a Citgo hasta el 22 de enero de 2020. Ante este próximo vencimiento de la medida Ejecutiva de protección, quedaba la vía, según el equipo de Guaidó, de que la jueza decidiera que el Departamento del Tesoro la extendiera. Pero en la interpretación del tribunal, eso sería inmiscuirse en las decisiones del gobierno. De modo que la opción escogida sea la de negociar por un año.

La exhortación a este paso por parte de la jueza significa que el tribunal ha entendido el problema geopolítico, dijo en una reunión privada con los embajadores de Guaidó en Europa, el Procurador Especial, José Ignacio Hernández. KonZapata se enteró por fuentes secundarias. Hernández, designado por Guaidó, es el encargado de atender los juicios de Venezuela en el exterior. El del bono de 2020 de PDVSA es el más polémico. Y un juicio histórico. “Nos estamos enfrentando a un poder económico muy grande”, dijo el Procurador.

Para el Procurador Especial, Citgo es un punto clave. Se necesita Citgo porque sería una fuente de recursos para atender la emergencia humanitaria que sufre Venezuela y el gobierno legítimo del presidente de la Asamblea Nacional no “tiene la culpa de lo que hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro”. Con Citgo también comenzaría la recuperación de la industria petrolera, una vez se haya concretado el cambio de régimen.

De esta forma comenzará un juicio histórico en los mercados...

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El gobierno interino de Juan Guaidó ha dicho de manera reiterada que el compromiso es pagar. Que una cosa es solicitar la nulidad del contrato y otra negarse a pagar. “Cuando se repudia una deuda, esa deuda no se paga”, dijo Hernández. Eso fue lo que hizo Argentina bajo la administración de Cristina Fernández. No es lo que ha dicho Guaidó.

-Yo no he dicho que repudio la deuda –señaló Hernández en la reunión privada- sino que el contrato es nulo. Pero aunque el contrato sea nulo, PDVSA debe devolver el capital.

Para José Ignacio Hernández, repudiando deudas no es una manera de construir un país. “Un país se construye generando confianza”.

La declaración de nulidad es una posición de principio, toda vez que Maduro procedió con la operación desconociendo a la Asamblea Nacional. La idea era demostrar que podía hacerlo sin contar con el Parlamento. El tiempo que brinda la orden Ejecutiva de Trump se tomó como una oportunidad para proceder con la demanda. Antes de la medida, si PDVSA demandaba la nulidad, los tenedores podían hacerse con Citgo. Este hecho ilustra el riesgo: Si se activaba la nulidad, el juez podía demorar hasta siete horas para declarar la protección. En cambio en una hora los tenedores podían ponerle la mano a la corporación. De allí la necesidad de la Orden Ejecutiva. Era clave.

Pero llegar a la medida de protección de Citgo fue un proceso arduo. Fueron siete meses de trabajo. En ese trabajo estuvieron al frente el embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, y la oficina del Procurador Especial. Pero la oficina del Procurador es un decir, ya que el despacho es él mismo, sin sede física y sin personal. Y los abogados de los que recibe asistencia, despachos de solvencia y trayectoria en los Estados Unidos, lo hacen sin cobrar honorarios. Pero esta ventaja se acaba ahora, en noviembre. El punto es que los tenedores de bonos creyeron que la Administración Trump nunca iba a dictar la medida de protección. Allí se equivocaron. Calcularon que la Administración no iba a ir en contra de los principios de propiedad y de mercado. Pero en el Departamento del Tesoro entendieron que había elementos para la nulidad del contrato.

Hernández dijo a los asistentes que hay cero riesgo de perder Citgo. Existe la posibilidad de que el Departamento del Tesoro extienda la medida de protección. Y que el único riesgo son los tenedores del bono, pero “este viernes se puede llegar a un arreglo”, afirmó.