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La corrupción y el oro: más muertes al sur de Venezuela

lunes 25 de noviembre de 2019, 14:46h
Zenaida Amador (KonZ).- Este viernes 22 de noviembre fueron acribilladas al menos seis personas al sur de Venezuela, en lo que parece una pugna por el control de la explotación minera en la zona. Otras versiones hablan de ocho muertos, pero no hay certezas al respecto. Se trata de otro capítulo sangriento que tiñe el territorio en medio de la desordenada explotación minera que estimula el régimen de Nicolás Maduro y que optó por el silencio frente a los hechos recientes.
El crimen parece una pugna por el control de la explotación minera en la zona / Foto: usmp.edu
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El crimen parece una pugna por el control de la explotación minera en la zona / Foto: usmp.edu

Ikabarú es una zona donde están buena parte de los yacimientos de oro y diamantes del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Allí priva la ley indígena, con el aval de la República, que los patriarcas de la etnia pemón tratan de imponer ante el asedio constante de quienes buscan hacerse de los recursos minerales de la zona. Sin embargo, la fiebre del oro parece superar todos los intentos de control, en especial si las propias autoridades no actúan para el resguardo de las comunidades.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reseñó que el viernes 22, alrededor de las 7 de la noche, a la comunidad indígena pemón Ikabarú, donde habitan cerca de 2.500 personas, llegó un grupo armado presuntamente ligado al “sindicato del Ciego”, que ejerce el control en la zona llamada La Paragua, buscando al jefe de una mina en la zona y luego vinieron los disparos.

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“Pasó una desgracia aquí tremenda. Aquí hay una cantidad de muertos”, señaló uno de los testigos reseñados por Provea, cuyo nombre mantuvo en reserva.

Un reporte de la agencia Reuters señala que entre los fallecidos hay un indígena y un militar. Aunque la imprecisión abunda, se descarta que haya menores de edad entre las víctimas.

Pese a la falta de pronunciamiento por parte de las autoridades del régimen, Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos designado por Juan Guaidó, dijo que ya informó de estos hechos a la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y próximamente enviará un informe a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Comisionada de la Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH.

Modus operandi

Un reporte de fines de octubre de la Washington Office on Latin America (WOLA) destaca que los ingresos de la minería actualmente proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas en Venezuela y son de suma importancia para mantener el poder. “La falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo. Llámalos guerrilleros, sindicatos, ‘pranes’ o facciones corruptas del Ejército: están allí para quedarse”.

Por las características de los hechos se trata de un enfrentamiento entre bandas por el control de las minas; pero, según Provea, la situación pudo prevenirse, ya que una semana antes la comunidad había sido advertida de una posible incursión de grupos armados, lo que era de “amplio conocimiento de la Guardia Nacional Bolivariana, la cual no hizo presencia en la comunidad para labores de vigilancia y protección”.

Argumenta la organización que los grupos delictivos o “sindicatos” mineros buscan el control a través de la violencia para implantar un sistema de explotación en la zona “con convivencia estatal que luego, con la excusa de control, toma las zonas para ‘explotación controlada’”. La práctica, según la denuncia, permite la incursión de grupos armados para la apropiación y explotación minera de territorios indígenas con la anuencia estatal y la posterior militarización de sus territorios.

Hasta el propio Juan Guaidó se pronunció al respecto: “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir (…) ¿Va a seguir la Fuerza Armada tolerando semejante humillación a nuestro pueblo?”.

Un reporte de fines de octubre de la Washington Office on Latin America (WOLA) destaca que los ingresos de la minería actualmente proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas en Venezuela y son de suma importancia para mantener el poder. “La falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo. Llámalos guerrilleros, sindicatos, ‘pranes’ o facciones corruptas del Ejército: están allí para quedarse”.

La autoprotección como vía

Ikabarú, que es el sector No 7 del Pueblo Pemón, posee desde 2013 un Título de Propiedad Colectiva del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas. La Constitución de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas facultan a los pueblos indígenas y a sus autoridades propias a ser garantes y administradores de su territorio.

Estas tierras recibieron en 2016 -vía decreto presidencial- la consideración de bloque especial en el marco del desarrollo del Arco Minero, proyecto de explotación masiva que la gestión de Nicolás Maduro ha impulsado contra viento y marea, incluso sin cumplir con preceptos constitucionales, con tal de potenciar fuentes alternas de recursos de difícil trazabilidad. Pero este tratamiento no les ha servido de mucho.

En 2016 sus habitantes aplicaron esquemas de control de acceso a la zona, a través de la Seguridad de la Capitanía General del Sector 7-Ikabarú, y hasta comenzó a operar la llamada “Guardia Territorial Pemón” bajo el lema de defender el territorio. Sin embargo, entre 2016 y 2017 se tuvo conocimiento del asesinato de unos cinco indígenas de la zona en situaciones ligadas al control minero.

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En ese lapso el acceso a “Las Caraotas”, una nueva bulla o veta de la zona, generó enfrentamientos, ya que varios grupos ajenos al territorio querían tomar su control.

En diciembre de 2018 hubo una incursión armada en el municipio Canaima de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), en la que murió el pemón Charlie Peñaloza Rivas y fueron apresados por los indígenas tres funcionarios que, tras varias gestiones, terminaron en manos de la Fiscalía General de la República.

En febrero de este año, en el marco del ingreso de ayuda humanitaria internacional propiciado por Juan Guaidó, hubo otra incursión militar en la zona que terminó con la muerte de siete indígenas.

Esta dilatada situación de inseguridad ha llevado a cerca de 2.000 indígenas, muchos de ellos pemones, a cruzar hacia Brasil en busca de oportunidades; pero la mayoría permanece en refugios y a la espera de ayuda, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).