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Así se consolida el poder económico militar en el régimen de Maduro

miércoles 18 de diciembre de 2019, 21:30h
Zenaida Amador (KonZ).- Aquello que Hugo Chávez llamó la unión-cívico militar, materializada en posiciones públicas estratégicas y cuotas en las finanzas venezolanas, es hoy una pieza clave que le permite a Nicolás Maduro seguir en la Presidencia de la República de forma ilegítima. Porque si de algo se ha ocupado el chavismo a lo largo de estas dos décadas ejerciendo el poder en Venezuela es de crear poderosos nexos con el sector militar, que van más allá de lo político y de lo ideológico, al punto de convertir a la Fuerza Armada en un actor clave de la economía.
Padrino López presentó un proyecto para modificar la Ley de la Fuerza Armada / Foto: @PrensaFANB
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Padrino López presentó un proyecto para modificar la Ley de la Fuerza Armada / Foto: @PrensaFANB

A propósito del vigésimo aniversario de la Constitución de Venezuela el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, presentó un proyecto para modificar la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y darle rango constitucional. El texto, que fue llevado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) creada por Nicolás Maduro, no sólo busca incorporar a la Milicia Bolivariana a la ley de la FANB “como pueblo en armas”, como dijo Padrino López, sino también reforzar la participación del sector militar en el desarrollo nacional lo que, entre otras cosas, incluye el impulso de una Zona Económica Especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Aunque la creación de esta zona lleva más de un año planteada, con el objetivo de fortalecer el aparato productivo del país, no fue sino hasta mayo pasado cuando Nicolás Maduro formalizó “el experimento”, como él mismo lo llamó. En genérico se habla de la zona, pero en verdad son varias distribuidas a lo largo del país, manejadas por el sector castrense, para lo cual Maduro prometió “asignar todos los recursos que hagan falta”.

La primera zona formal quedó establecida en el estado Aragua, que es una de las entidades con más asentamientos de militares del país, a la que Maduro le asignó la tarea de, “en tiempo de paz o no paz, que produzca todo el alimento que se consuma en las unidades militares del país”. Pero ya hay otras zonas operativas, una de ellas en el Fuerte Tiuna, principal instalación militar de la capital del país.

Lorllys Josefina Ramos Acevedo, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Defensa, es quien se ocupa de definir la organización de las zonas económicas militares y de identificar áreas para la creación de nuevas.

Las cuotas militares

La propuesta de reforma legal hecha por Padrino López fue asumida con urgencia por Diosdado Cabello, presidente de la ANC, quien aseguró que ese cuerpo “establecerá el cronograma respectivo de discusión, de debate y, Dios mediante, el 4 de febrero del año 2020 deberíamos tener lista esta Ley para ser aprobada por nuestra Asamblea Nacional Constituyente”.

No hay que olvidar que la FANB maneja cerca de 20 empresas que dan forma a una economía paralela de difícil trazabilidad. Además de un banco (BanFanb), la FANB tiene la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que es una figura espejo de Petróleos de Venezuela. Y, por cierto, el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también es un militar.

Desde 2013, cuando Maduro asumió el poder, aumentó la presencia de militares en su tren ejecutivo y en otras posiciones de interés. Eso se tradujo en la distribución territorial del país entre los altos jerarcas de la Fuerza Armada, pero también en un reparto de los sectores económicos. Como parte de ese camino, en 2016 comenzaron las designaciones de jefes militares para el control y seguimiento de cada rubro estratégico y cada cadena de producción: uno para las caraotas, otro para las medicinas, etc.

Se creó el Motor Militar, uno más de los motores productivos que Maduro lanzó en 2013 como puntales para el desarrollo de la economía que desde ese año se ha contraído de forma sostenida. El Motor Militar busca, como objetivo específico para el período 2020-2021, “desarrollar un sistema integral de mercado, comercialización y distribución de los productos terminados de la industria militar”.

Cuentas a la sombra

La opacidad es norma en la gestión de Nicolás Maduro, por lo que desde 2016 no se conocen los estados financieros de PDVSA. De Camimpeg, fundada ese mismo año, casi no se habla, no se divulgan sus proyectos, ni se rinden cuentas. Sin embargo, se le atribuye alta participación en la explotación minera impulsada por Maduro como vía de escape a las sanciones internacionales y de la que tampoco se ofrecen balances a la nación.

No en vano la FANB tiene a su cargo Emiltra, una empresa militar de transporte de valores que se promociona con la frase “¡¡Transportamos los Valores de la Patria!!”.

El oro es considerado una fuente importante de ingresos dado el declive en la producción petrolera. La firma Ecoanalítica estima que en 2018 hubo 2.711 millones de dólares en ingresos aportados por la extracción no legalizada de oro.

En particular sobre el manejo de la Zona Económica Especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la que el ministro de la Defensa quiere darle rango constitucional, ya en abril pasado Jesús Suárez Chourio, entonces comandante general del Ejército, hablaba de la necesidad de su fortalecimiento. Por ello firmó una “alianza estratégica” con cinco empresas nacionales e internacionales con el fin de “brindar servicios logísticos de importación y exportación”.

En efecto, los militares están haciendo importaciones directas para atender sus empresas y realizando exportaciones, que eventualmente generarán algún tipo de ingresos, aunque tampoco existen reportes públicos al respecto. En septiembre pasado el viceministro de Servicios para la Defensa, Clemente Antonio Díaz, ratificó que se hacían alianzas con empresas privadas con miras a importar la materia prima necesaria para los componentes y luego exportar, con lo que se podrá “potenciar el Apresto Operacional de la FANB”.

La propuesta de reforma legal hecha por Padrino López fue asumida con urgencia por Diosdado Cabello, presidente de la ANC, quien aseguró que ese cuerpo “establecerá el cronograma respectivo de discusión, de debate y, Dios mediante, el 4 de febrero del año 2020 deberíamos tener lista esta Ley para ser aprobada por nuestra Asamblea Nacional Constituyente”.