El colapso que experimenta Venezuela a todo nivel, exacerbado ahora por la pandemia del coronavirus, es el resultado de dos décadas de estatismo y populismo, la fórmula aplicada por Hugo Chávez y sostenida, con algunas variantes por Nicolás Maduro, como una vía para garantizarse el control del país y, en consecuencia, su sostenimiento permanente en el poder. Desmantelamiento de la infraestructura básica, inoperatividad de los servicios públicos y escasez de rubros fundamentales como gasolina y gas doméstico son parte de las consecuencias de los desmanes asociados a este modelo de gestión del chavismo.
En este cuadro, en el cual uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, Maduro insiste en sus prácticas y en agravar la precariedad de las condiciones de vida de la población como una vía para acentuar su control social. Su más reciente aumento salarial así lo confirma.
No hubo consultas ni medición de impactos entre los empleadores, ni siquiera por el hecho de que el sector productivo está paralizado por las medidas de aislamiento social impuestas desde el 13 de marzo a propósito del brote del Covid-19 ni porque ha comenzado una nueva arremetida de intervención contra empresas privadas para canalizar su producción a los fines que el régimen determine. Simplemente se decretó otro ajuste salarial y punto.
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