Aunque capitales venezolanos sirvieron de impulso al despegue de DirecTV en los años noventa de poco sirvió esa nota nostálgica a la hora de medir los riesgos de seguir operando en el país. Luego de poner en la balanza que Nicolás Maduro es señalado por Washington, que hay canales de televisión sancionados por sus relaciones con el régimen y que violentar esas sanciones, transmitiendo la señal de esos canales, puede tener repercusiones severas para la empresa, la decisión de la estadounidense AT&T fue cerrar operaciones en Venezuela.
Se estima, en cifras generales, que el servicio de televisión de DirecTV se vendía por el equivalente a unos dos dólares mensuales, una tarifa irreal como tantas otras en el país a causa de las distorsiones económicas forzadas por dos décadas de controles y regulaciones, pero que le permitía a cerca de 2 millones de hogares venezolanos disfrutar del producto, por lo que la empresa se reservaba 45% del mercado venezolano de televisión paga.
Esta alta penetración y el posicionamiento de la marca construido a pulso por años es un factor de peso elevado a la hora de tomar una decisión de negocios en cualquier contexto, menos en Venezuela. Aquí pesan, y mucho, los manejos políticos y los riesgos legales.
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