En Venezuela existen unas reservas probadas de gas que superan los 197 billones de pies cúbicos y un 85% de los hogares del país usa el gas para cocinar. No obstante, menos de 40% de la población recibe el suministro de gas doméstico con relativa regularidad, mientras que el resto debe improvisar, incluso recurriendo a la leña, para atender sus necesidades básicas.
El problema lleva años gestándose bajo la indiferencia de las autoridades. Ya al término de la primera década de este siglo el país estaba importando gas para atender sus necesidades internas, aun teniendo esos recursos disponibles y una serie de proyectos gasíferos aprobados, incluso con participación extranjera pactada. Pero tales iniciativas no terminaban de avanzar debido, principalmente, a las prioridades de inversión del gobierno de Hugo Chávez.
Cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de Venezuela el problema entró en una fase más aguda, debido al desplome en los ingresos petroleros y la escasez de divisas, lo que no solo terminó por sacar de agenda cualquier inversión necesaria, sino que además limitó la capacidad financiera para seguir importando gas al ritmo requerido. Vender la idea de que bajo el “control del pueblo” mejoraría la situación, distribuyendo el gas a través de las comunas y los CLAP, fue solo una capa del discurso político usada por Maduro para encubrir los problemas de fondo, antes los que en verdad ha hecho poco o nada para resolverlos.
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